International Trial Watch report concludes violation of rights in Catalan leaders’ case

International Trial Watch reports “massive” infringement of liberties such as freedom of expression and peaceful assembly

14 November 2019 01:00 PM

 

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ACN | Barcelona

The International Trial Watch platform - Catalan Referendum Case presented its final report on the ruling of the Supreme Court against the Catalan independence leaders today in Madrid, concluding that the trial violated human rights in a "massive way." 

Specifically, according to the platform, the Catalan Trial violated the independence leaders’ right to the principle of criminal legality, right to liberty, freedom of expression, freedom of ideology, the right to peaceful assembly, political participation, as well as the right to a process with all the guarantees. 

The report was produced as a result of the presence of 62 observers in the trial from 17 different countries.

According to the conclusions of the document, the Supreme Court trial was a "violation of human rights" collected by treaties and conventions ratified by the Spanish State, that are part of its internal legal system. "It is a clearly ideological resolution aimed at replacing the political solution that is needed in the conflict in Catalonia," reads the document.

Anaïs Franquesa, a representative of the Irídia Center for the Defense of Human Rights, part of the International Trial Watch, affirmed that the sentence "clearly breaks the principle of criminal legality" that implies that the law "is not foreseeable for the condemned." 

"Criminalization" of the "right of protest"

According to Franquesa, "the foundation of the sentence" is that a crime of disobedience "becomes sedition to deter citizens from participating in mobilizations." The reality, she recalled, was that it was a "peaceful mobilization" enshrined in the "right of expression and protest" that does not justify imprisonment.

"It is criminalizing the right to protest and violent right of assembly," she said, and therefore "the fundamental right violent judgment affecting all citizens."

"Doubts about the impartiality" of the judges

The president of European Democratic Lawyers (AED), Robert Sabata, denounced that "there have been very clear violations" about the right to "a fair trial," beginning with the fact that the trial "should have taken place in Catalonia "because the facts had no effect on the rest of Spain.

The court, he said, made "an expansive interpretation" of its jurisdiction and also violated the right to "second instance." "Basically the judges were not a third party, but an interested party" and there are serious doubts about their impartiality," he said, before reminding of the media pressure and the fact that the president of the courtroom, Manuel Marchena, prevented videos that denied the testimonies of the accusations be seen in the court, which caused "material defenselessness."

In addition, according to Sabata, not only was there a "fascist party" acting as a private prosecutor, but there was a discriminatory treatment of the testimonies of the defenses and those of the accusations.

"The witnesses of the defenses were cut across by the courts and asked for their political ideologies," while when the defenses asked the same, the court didn't allow their questions.

https://www.catalannews.com/catalan-trial/item/international-trial-watch-report-concludes-violation-of-rights-in-catalan-leaders-case

Medio millar de juristas denuncian que la sentencia del Procés vulnera el principio de legalidad

El informe publicado por la plataforma International Trial Watch sobre la sentencia del Tribunal Supremo señala que esta viola los derechos fundamentales por falta de previsión jurídica y por menospreciar los derechos de reunión y expresión.



Manifestación en Barcelona una vez hecha pública la sentencia del reférendum del 1-O VÍCTOR SERRI
TER GARCÍA


@TERGAR_



PUBLICADO2019-11-14 15:10


“Se ha atacado uno de los principios básicos de un Estado de derecho, que es el principio de legalidad”, ha afirmado hoy Belén Caballero, presidenta de la Asociación Libre de Abogados (ALA). ALA es una de las 23 organizaciones que han firmado un informe elaborado por la plataforma International Trial Watch en el que se señalan las anomalías de la sentencia del Procés hecha pública por el Tribunal Supremo hace apenas un mes y que condena a penas de entre nueve y 13 años de cárcel a nueve de los doce acusados por las movilizaciones por la autodeterminación de Catalunya que tuvieron lugar en 2017.

International Trial Watch gestionó durante todo el transcurso del juicio del Procés la presencia de juristas de renombre de todo el mundo como observadores internacionales. A partir de las observaciones de esos juristas, publicó un primer informe en el que se señalaban las irregularidades procesales cometidas en el juicio. Ahora, un mes después de conocerse la sentencia, International Trial Watch hace público un nuevo informe en el que se analiza la sentencia y que ha sido apoyado por 23 organizaciones de juristas y por 533 juristas particulares de más de 20 países.

Otras personalidades internacionales, como la premio Nobel de la Paz Jody Williams, han querido también apoyar con su firma el informe, pero hasta el momento la plataforma solo ha recogido apoyos de juristas. Entre las organizaciones que apoyan las conclusiones del análisis figuran la Asociación Americana de Juristas, la European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights —compuesta por juristas de 21 países europeos—, Irídia, Red Jurídica o European Democratic Lawyers. Este informe sobre la sentencia, al igual que otros sobre lo sucedido el 1 de octubre, será remitido a la ONU, que en enero de 2020 realizará el informe periódico sobre derechos humanos en España.


“Este juicio en el Supremo no afecta solo a líderes independentistas, tiene repercusiones que afectan al ejercicio legítimo de reunión pacífica y libertad de expresión de todos los ciudadanos y ciudadanas”, subraya Caballero. “La dureza es tal que se ha atacado uno de los principios básicos de un estado de derecho, que es el principio de legalidad, haciendo cuadrar un delito tan grave como el de sedición con conductas que son ejercer derechos fundamentales como el de reunión pacífica, condenando a nueve de estas personas por sedición por llamar a la movilización”, continúa la presidenta de ALA.

“Esto tiene un efecto disuasorio para otros movimientos sociales y a las críticas legítimas al statu quo”, concluye por su parte Cristina Serván, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y de Defender a quien defiende, otras de las organizaciones participantes en International Trial Watch. “Estas conclusiones no deben ser ignoradas ni desacreditadas, hay que tomar en consideración este análisis y sus adhesiones”, reclama Serván.

FALTA DE PREVISIÓN JURÍDICAOtra de las irregularidades que la plataforma señala en la condena es la falta de previsión de que se condenara por sedición a los hechos juzgados. “Consideramos que la sentencia quiebra el principio de legalidad penal, ya que hay una quiebra cuando la ley penal no es previsible para sus destinatarios”, explica la abogada Anaïs Franquesa, abogada y miembro del Centre per la Defensa dels Drets Humans y de Irídia. Esta abogada señala que en la sentencia del Supremo, el concepto de alzamiento que contempla la jurisprudencia se ha sustituido por el desórdenes públicos y que en el fallo del tribunal ni siquiera se ha expresado un análisis de lo que es un alzamiento.




“Los observadores internacionales fueron muy mal recibidos por el resto de actores del juicio”, lamenta el presidente de la Asociación de Abogados Europeos Demócratas


En cuanto a cuándo se habría producido este alzamiento, Franquesa señala que la sentencia refiere dos momentos: “El 20 de septiembre, cuando hubo movilizaciones multitudinarias por la detención de altos cargos públicos, y el segundo momento el propio 1 de octubre, cuando multitud de ciudadanos y ciudadanas se concentraron frente a los centros de votación del referéndum, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y al que se le sustrajo cualquier eficacia jurídica, como se dice en la sentencia”. Sin embargo, a pesar de que la propia sentencia señala que el referéndum no tenía efectos legales, la abogada apunta que el Supremo considera que los ciudadanos “estaban desobedeciendo”. “Si no había ningún instrumento de eficacia jurídica, difícilmente se podía estar desobedeciendo”, concluye Franquesa.

Robert Sabata, presidente de la Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED), ha continuado detallando las irregularidades del proceso y de la sentencia. Ha explicado cómo, aunque finalmente el equipo de observadores internacionales pudo reunirse con el fiscal del Supremo, fue imposible entrevistarse con la sala o con la Abogacía General del Estado. “Los observadores internacionales fueron muy mal recibidos por el resto de actores del juicio”, lamenta, recordando que en la lista de observadores había juristas de renombre de todos los continentes.

Como primera irregularidad, Sabata recuerda que el juicio debería haber sido celebrado en Catalunya. “Los hechos no tuvieron efectos fuera de Catalunya. Es una interpretación expansiva en cuanto a la competencia del tribunal”, explica en cuanto a que el proceso fuera juzgado por el Tribunal Supremo. La violación del derecho a la segunda instancia, precisamente también por juzgarse en el Tribunal Supremo, es la segunda anomalía señalada por este jurista. “Esa segunda instancia que se vulnera es importantísima para tener un juicio justo, según la Convención europea de derechos humanos y la Constitución española.
Jamás se habría aceptado una sentencia absolutoria o por desobediencia, los propios políticos ya daban por condenados a los acusados




En cuanto al derecho a un juez imparcial, ha subrayado que el juicio al Procés ha sido político y los jueces eran parte interesada. “Hay grandes dudas sobre su imparcialidad y, sobre todo, sobre su independencia”, afirma el abogado. “Jamás se habría aceptado una sentencia absolutoria o por desobediencia. Los propios políticos ya daban por condenados a los acusados, había un cúmulo de situaciones que hacía prever que el tribunal no era imparcial ni independiente”.

Sabata también ha recordado que, durante el transcurso del juicio, la sala rechazó que se mostraran las imágenes grabadas durante las movilizaciones cuando se interrogó a los testigos. “El hecho de no poder visionar aunque fuera de manera mínima, cuando se interrogaba a los testigos afecta al derecho de defensa, y según Marchena la pauta metodológica no lo permitía”, recuerda el presidente de AED, que también ha señalado que trato desigual que la sala mostró frente a los testigos de la defensa, a los que se preguntó por su ideología, y los testigos de la acusación, para los que la sala bloqueó cualquier pregunta en cuanto a su ideología. También señala Sabata el caos en el calendario de testificaciones. “Las defensas se vieron muy coartadas a la hora de ejercitar su derecho de defensa, hasta la semana anterior no se sabía quién iba a declarar”.


Desde la propia ONU, a través de su Grupo sobre detenciones arbitrarias, se reclamó a la justicia española hasta en dos ocasiones que se pusiera en libertad a los doce acusados por el Procés y que incluso se les indemnizara
El abogado recuerda que desde la propia ONU, a través de su Grupo sobre detenciones arbitrarias, que tiene la misma consideración que un tribunal internacional, se reclamó a la justicia española hasta en dos ocasiones —en mayo y junio— que se pusiera en libertad a los doce acusados por el Procés y que incluso se les indemnizara por el tiempo pasado en la cárcel, pero la respuesta desde el Supremo a esta reclamación fue la burla.



“El juicio se desarrolló por tempos políticos para que otras cortes internacionales no se pronunciaran. Era visible que era un juicio político y todos quedaron muy sorprendidos porque hubiera una acusación popular por parte de un partido fascista que además estaba en el parlamento”, continúa Sabata en relación a la acusación popular ejercida por Vox.

“El objeto de la sentencia es que los condenados convocaron movilizaciones para evitar el cumplimiento de las leyes. En el caso de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez porque alentaron la movilización y mediaron con los cuerpos policiales, pero anteriormente estas movilizaciones fueron consideradas desobediencia”, recuerda Franquesa. “La sentencia da por probado que cada uno de lo llamamientos que hicieron los condenados fue a movilizaciones pacíficas y aun así da por justificadas condenas de nueve a 13 años de prisión, prescindiendo del análisis del núcleo fundamental de los derechos fundamentales en juego”, añade.

Y es que, como subrayan desde la plataforma International Trial Watch, todas las acciones por las que han sido condenados los doce altos cargos catalanes forman parte del núcleo central de los derechos fundamentales, protegidos por distintos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Así lo ha expuesto también la abogada belga Mireille Jourdan, que ha recordado que para que un Estado haga restricciones a los derechos fundamentales, estas restricciones tienen que estar previstas previamente en la legislación.

“Lo que hemos visto son concentraciones de personas, y lo que se ve en la sentencia es que manifestaciones y la organización pacífica de un referéndum sin valor jurídico se convierten en un alzamiento tumultario”, explica la abogada belga. “No se entiende cómo una manifestación puede ser entendida como un delito y con condenas tan importantes. La sentencia prescinde de los derechos y de las garantías contempladas en la Convención europea de derechos humanos, hace como que no existieran”, concluye.

https://www.elsaltodiario.com/juicio-referendum-catalunya/medio-millar-de-juristas-denuncian-sentencia-proces-vulnera-principio-legalidad

UK on Catalonia crisis: Entre l’omissió i la banalització: una reflexió sobre la premsa britànica

“El lector britànic hi llegeix que el referèndum va ser il·legal, el judici just i la sentència legítima, amb una omissió flagrant dels arguments en contra d’aquesta narrativa centralista”


TIAGO MILLER13/11/2019




El Regne Unit és un dels països on, en teoria, s’hauria pogut esperar la publicació més gran d’articles sobre la sentència del Procés i les protestes posteriors. Al cap i a la fi, és un país on hi va haver dos referèndums en tan sols dos anys: el primer l’any 2014 sobre (quin escàndol!) la independència d’Escòcia, i l’altre l’any 2016 sobre la pertinència del país a la UE. A més a més, Espanya continua ocupant un lloc important dins de la imaginació popular dels seus habitants. Segons dades de la Generalitat, 2.160.300 escocesos, nord-irlandesos, gal·lesos i anglesos ens van visitar l’any passat, mentre l’Instituto Nacional de Estadística afirma que hi ha 242.837 britànics residents a tot l’Estat.

I d’articles sobre el tema n’hi havia a cabassos. El problema, però, no era una qüestió de quantitat, sinó de qualitat. Els diaris britànics es poden dividir en dos grups fixos, és a dir, els tabloids i els broadsheets, amb els últims considerats els més seriosos i fiables. No obstant això, llegir els broadsheets – cada vegada més propensos al reduccionisme i al sensacionalisme més necis – és per a mi potser com ha estat per a un independentista votar el diumenge: necessari, però millor amb el nas tapat. Malgrat el meu nas acostumat, res podia haver-me preparat pel pudor de ranci d’una bona part dels articles.


En aquests relats suposadament imparcials, el lector britànic hi llegeix que el referèndum va ser il·legal, el judici just i la sentència legítima, amb una omissió flagrant dels arguments en contra d’aquesta narrativa centralista. La seva realitat és una en la qual els manifestants són emmascarats violents, el Tsunami Democràtic el cervell de totes les protestes i els CDR separatistes radicalitzats. Qualsevol acte que no encaixa amb aquesta sinopsi predeterminada (com ara les Marxes per la Llibertat, la vaga general o les diverses manifestacions multitudinàries i pacífiques) hi ocupa un paper secundari i poc visible. Dels relats en són misteriosament absents els debats socials sobre la separació de poders, la disminució dels drets polítics i civils i la impunitat policial.


Una possible explicació d’això és que dels cinc diaris que van publicar articles sobre els fets de la setmana del 14 d’octubre només un té un corresponsal in situ a Catalunya. Tres escriuen des de Madrid, un des de Brussel·les, i l’únic que hi és resident té una íntima relació amb Ciutadans, cosa que els provoca una incapacitat (o, més aviat, una indisponibilitat) d’anar més enllà d’una mera recopilació de declaracions per part de l’Estat, els partits unionistes i la premsa espanyola més partidària. Fan una mena de copiar i enganxar periodístic en el qual van adoptant i repetint la mateixa banalització de les seves fonts, amb el resultat que acaben emprant termes com ara “violència”, “terrorisme” i “separatisme” fora de qualsevol context polític o social.

Un dels exemples més notables dels nombrosos casos de banalització política vistos darrerament va ser al Parlament quan Lorena Roldán hi va mostrar una imatge de l’atemptat a Vic amb l’intent de vincular els CDR detinguts amb el terrorisme. A fi de provocar-li al públic la reacció visceral tan desitjada, va emprar la paraula ‘Goma-2’ sense preocupar-se si hi havia proves per justificar-ne l’ús. Els dies 16, 17, 18 i 20 d’octubre, però, apareix a The Guardian, The Daily Telegraph, The Times, The Independent i The Financial Times una acusació de la mateixa gravetat quan tots afirmen que els manifestants a Barcelona “llençaven àcid” a la policia. La font d’aquesta notícia va ser un tweet (sí, un tweet) dels Mossos la nit del 16 d’octubre, en el qual deien que “continuen els incidents violents […] amb llançament de pedres i objectes amb àcid.” No se’n donava cap prova i tampoc es demanava. No sé quina de les dues coses és més greu. Però, el que sí que sé és que, igual que el mot ‘Goma-2’ al context espanyol, al britànic la paraula ‘àcid’ provoca una reacció d’horror profund.

Per donar-vos-en una idea, segons dades de la National Health Service, entre 2013 i 2018 hi va haver més de 500 hospitalitzacions per atacs amb substàncies corrosives. Es pensa, però, que la xifra verídica és encara més elevada, ja que no totes les víctimes van a l’hospital o bé per vergonya o bé per por de represàlies per part de l’agressor. A causa de les nombroses incidències, el meu és un país altament conscient dels danys físics i psicològics que poden causar aquesta mena de violència. Tots n’hem vist les fotos a la premsa i tots sabem que substàncies com l’àcid sulfúric, el lleixiu o, fins i tot, el netejador de clavegueres són capaços de deixar individus amb greus desfiguracions facials, cicatrius, problemes de mobilitat i de vista, i trastorns psicològics.

L’any passat va tornar a ser titular un dels casos més impactants i desoladors. El 23 de maig, van condemnar Berlinah Wallace a 12 anys de presó per llençar àcid a la seva exparella, Mark van Dongen, mentre aquest dormia. L’atac li va deixar en coma durant 4 setmanes. Quan va despertar-se’n, tenia cremades de tercer grau al 25% del cos, era cec a un ull i parcialment cec a l’altre. A més a més, havien hagut d’amputar-li una cama per sota del genoll, estava paralitzat del coll cap avall i tenia greus problemes de parla. 15 mesos després de l’atac, el Mark va acabar la seva vida a una clínica d’eutanàsia a Bèlgica. Tenia 29 anys. Parlant després de la sentència, el seu pare deia que “el noi patia com no pots imaginar. Tant dolor. La picor li tornava boig. Estava totalment paralitzat. Una bala hauria estat millor que això.”

A un informe de la BBC, Adele Bellis relata el seu ingrés a una unitat de cremats especialitzada després que un home contractat per la seva exparella li llencés àcid mentre esperava l’autobús. Van haver de sotmetre-la a diverses sessions de dutxes fredes per tal de rentar les ferides perquè, com explica ella, “cada cop que em van treure l’àcid, em seguia cremant i cremant.” Com explica l’informe, les cremades amb àcid poden trigar fins a 72 hores a arribar a la seva profunditat final. L’Adele es va perdre l’orella dreta, una bona part dels cabells i li van fer trasplantaments de pell a la cara, el braç i a una mà. Cinc anys després, i amb només 27 anys, encara visita rutinàriament l’hospital per rebre-hi tractaments quirúrgics.

No obstant això, les ferides físiques només en són una de les conseqüències. Molt sovint, les víctimes pateixen del trastorn per estrès posttraumàtic, la depressió i, ja que la majoria d’aquests atacs passen al carrer, una inseguretat aguda a l’hora de ser als espais públics. Dos anys després que un amic seu li llencés àcid a la cara i al cos, Joe Davies, de 23 anys, explica a una entrevista que “tindré cicatrius per tota la vida, però també en tinc les cicatrius psicològiques. Mai no podré oblidar-ne.”

En vista d’això, no seria normal que un periodista – i, a més a més, britànic – en demanés més informació? Vers una acusació tan greu, no seria normal que intentés esbrinar si n’hi havia proves abans de publicar-la? Però d’això, ni gens ni mica. Sembla que els principis fonamentals del periodisme de «Who? What? When? Where? Why?» no apliquin quan es presenta una notícia tan “sucosa”. Malauradament per a ells, l’efecte que fa és que és entre l’omissió i la banalització on aquests se sentin més a gust.

https://www.larepublica.cat/opinio/tribuna/entre-lomissio-i-la-banalitzacio-una-reflexio-sobre-la-premsa-britanica/

Ben Wray – The Authoritarian Spanish Nationalism of Pedro Sánchez

In every Social Democrat there is concealed an autocratic nationalist. Social Democracy is determined by a political mentality from the 19th century. It cannot adapt, but will simply die out, as we are seeing in Europe.
Tomorrow there is a general election in Spain.

Ben Wray is is a freelance journalist based in Glasgow, Scotland and co-author of “What is Scottish Independence For?”, to be published by Verso 2019-20

Cross-posted from Bella Caledonia



On Tuesday, Spanish Prime Minister Pedro Sánchez said the immortal words, sure to seal his fate: a vote for Sánchez was a vote for “strong and stable” government.

Sánchez has more than just rhetoric in common with Theresa May. Like the former British prime minister, he called an election in the belief that it would strengthen his grip on power in resolving a national crisis, but will almost certainly end up well short of a majority. He also shares May’s strategy, seeking to appease forces to his right by moving further and further in that direction. And with no end to the Catalan crisis in sight and an economic crisis in the post, Sánchez may well end up at the head of a government that is as “strong and stable” as Theresa’s.

Sánchez’ plan for “coexistence”

Spain’s fourth election in four years, on 10 November, has been dominated by the Catalan independence crisis, though according to Sánchez, you shouldn’t call it that. During the pre-election TV debate on Monday, the leader of PSOE said, “the crisis in Catalonia is not an independence crisis, it is a crisis of coexistence”.

Sánchez would restore confidence in “coexistence” in three ways:
“Education in civil, constitutional and ethical values”. If the Catalans want independence, they need to be re-educated out of it!
“Modify the general audiovisual Law”. Or in plain language, suppress the distribution of pro-independence information. Sánchez has not even waited until the election before acting on this one. On Tuesday his government passed by Royal Decree a new law giving it the power to seize any telecoms infrastructure deemed “a grave public disturbance” without judicial review. The ‘Decree Law’, in many ways similar to the post 9/11 Patriot Act of George W. Bush, is limited only by the government’s “clear interest in proportionality”, which can clearly be defined whichever way the government wishes.
“A new crime to prohibit the holding of illegal referendums”. In other words, ratcheting up the judicial repression of democracy.

If these sounds like the policies of a hard-right authoritarian regime, that’s because they are.

But there’s more. During the debate Sánchez also vowed to extradite former Catalan President Carles Puigdemont. Asked afterwards how he could do this given the judiciary is supposed to be independent, he said: “Who does the prosecutor answer to?’ The interviewer replied: “To the government.” Sánchez: “Then, that’s it.” Spain’s Prosecutor Association had to issue a statement on Wednesday reminding Sánchez of the need to keep-up appearances.

Remember, Sánchez represents the left of Spanish nationalism. But when your starting point is to accept “the indissoluble unity of the Spanish Nation”, as it states in the constitution, then under the pressure of a democratic challenge to that position, your nationalism is always likely to slide rightwards pretty fast.

The nationalism of the state: from banal to authoritarian

Of course Sánchez would reject the term Spanish nationalist. To Sánchez, the nationalists wave Catalan flags; his politics are its antithesis. But when your commitment to the Spanish nation-state and its constitution above all other concerns is so transparent, what else could we possibly call it?

Social psychologist Michael Bilig coined a term that’s useful in helping us conceptualise the every-day nationalism which reproduces allegiance to the state: “banal nationalism”.

The dominant use of nationalism was “misleading”, Bilig found, because it “always seems to locate nationalism on the periphery” and “overlooks the nationalism of the West’s nation-states”.

Banal nationalism is so hegemonic in normal times that it is largely unnoticed, while being constantly reinforced.

“Daily, the nation is indicated, or ‘flagged’, in the lives of its citizenry,” Bilig argues. “Nationalism, far from being an intermittent mood in established nations, is the endemic condition…The metonymic image of banal nationalism is not a flag which is being consciously waved with fervent passion; it is the flag hanging unnoticed on the public building.”

Sánchez desires to be a banal nationalist; his viscerally ideological commitment to the nation-state unseen, unquestioned. But under the strain of the Catalans’ challenge to the authority of the Spanish state, Sánchez’ Spanish nationalism reveals itself as not so banal after all, and more belligerently nationalistic than the Catalan nationalism he condemns.

Spain’s weak ‘transition’

Authoritarian Spanish nationalism did not fall out of a clear blue sky. Indeed, from the perspective of the Basques, who have been on the receiving end of judicial repression and police brutality for decades, the treatment meted out to the Catalans is more continuation than rupture with the post-Franco Spanish state.

The character of Spain’s ‘transition’ following fascist dictator Francisco Franco’s death in 1975 was one that kept much of the institutional integrity of his rule in place. That legacy has left various problems unresolved, including systemic political corruption, economic oligarchy and a sclerotic civil service. But most pertinently to the current crisis is the legacy of a highly politicised judiciary, a vicious and large police force and a repressive political culture, dominated by a small establishment class of two parties, PSOE and PP.

David Whyte and Ignasi Bernat believe it to be the “the legal apparatuses of the state” left-over from the Franco era which is the unique characteristic of Spanish nationalism.

“What marks out Spanish nationalism is the extent to which principles of Spanish unity are enforced, without mercy, by the legal apparatuses of the state. There is a deep residual nationalism at the heart of the Spanish state which has its roots in the Franco period, and has never been adequately purged after the dictatorship,” they write.

It’s not hard to find evidence of this, and usually operates under the not-so subtle guise of “terrorism” offences. TsunamiDemocratić, which has led recent Catalan independence protests, has been hit by trumped up “terrorism” charges from the Spanish National Court in recent weeks.

This tactic of the Spanish state has been honed over many years in the Basque Country’s ETA era. Despite ETA officially dissolving last year, the Spanish state won’t let it go, so useful was it as a cover for generalised repressive measures.

This reached the theatre of the absurd in the case of the Altsasu incident, where eight young Basque people involved in a bar fight with two off-duty Guardia Civil officers was described as a “terrorist attack” by the public prosecutor, who called for sentences of between 12 and 62 years. The National Court dismissed the terrorism charge, but they still received sentences of between two to 13 years.

‘Nation’-states under strain

While Spain has its own unique dimensions, its increasingly authoritarian nationalism is also part of a trend of contemporary global politics where democracy and civil rights is under pressure everywhere. The state’s that are perhaps showing most sign of creaking are those with a pluri-national character. Spain, Turkey and the UK have much in common in this respect.

It was not by coincidence that Sánchez was the first leader of an EU state to back Turkey’s war on the Kurds, while the Turkish government has justified its removal of three Kurdish mayors by citing the example of Spain’s jailing of pro-independence Catalan leaders. Recep Tayyip Erdoğan’s ethnic cleansing of Kurdish Syria is partly about squashing a challenge to the country’s systematic discrimination against the Kurdish minority within Turkey’s borders, which has been a consistent policy of Turkish governments since the state was formed nearly 100 years ago.

Meanwhile, the UK state in the Brexit era is increasingly overwhelmed by multiple threats at the Scottish, Irish and Welsh national levels. In the Scottish case, the response has been an increasingly intransigent one by first Theresa May and then Boris Johnson’s government’s towards the right of Scotland to self-determination. The British nationalism of 2019 is moving closer to that of Spain than David Cameron’s government of 2012, when the Edinburgh Agreement was signed with the Scottish Government for a legally binding independence referendum without too much fuss.

There is no reason to believe in the case of Spain, Turkey or the UK, or in fact anywhere else for that matter, that political conflict along national lines is going to dissipate in the future. Stateless nations act as a common identity for oppositional politics to organise around, while nation-states seek to defend their territory and sovereignty in a highly competitive, claustrophobic international economy. The ‘national question’, as Wolfgang Streeck recently observed, has been ‘badly underestimated’ as a crucible of 21st century politics, especially by the left.

Conclusion

What Sanchez proves is that authoritarian nationalism in defence of the state is not only the preserve of the official right-wing. Where it will end up we don’t know, but history suggests that Sanchez may well be the handmaiden of forces he can’t control. A political climate where repression is normalised and legitimate is inevitably a breeding ground for fascism.

The far-right Vox is, according to some polls, set to come third in Spain’s election on Sunday. Its leader, Santiago Abascal, was part of the national TV debates on Tuesday for the first time, and his calls for ratcheting up the repression were – disturbingly – not out of place with the general discourse of the debate, and barely challenged by the other leaders.

The Spanish left, like the Turkish left and the British left, needs to get to grips with the reality of where the real threats and dangers are coming from. If they genuinely are opposed to nationalism, the primary nationalism they must be concerned with is that of their own state.
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https://braveneweurope.com/ben-wray-the-authoritarian-spanish-nationalism-of-pedro-sanchez

John Bercow (former Speaker of UK Parliament) describes Spain's sentencing of Carme Forcadell

"Bizarre and extraordinarily harsh".

This is how John Bercow (former Speaker of UK Parliament) describes Spain's sentencing of Carme Forcadell (former Speaker of Catalan Parliament) to 11.5 YEARS of prison for her role in organizing a referendum.

Bizarre.
Extraordinarily harsh. pic.twitter.com/LEeaaBMa4A

— Joe Brew (@joethebrew) November 10, 2019

Jon Inarritu!! Oratoria sobria y justa: Parrehsia

-ATRAPADO-
No arrincones a @JonInarritu porque puede sentirse atrapado, y si esto pasa atente a las consecuencias.
Ristra de zascas a Aznar ( diputado PP)
(Este es uno de mis videos favoritos de Jon) pic.twitter.com/MukoBixD0C

— Ion Lagardezabal (@Mr_floG) November 9, 2019

Ristra de zascas a la monarquía by @JonInarritu
Epic pic.twitter.com/PUzEQPLFLz

— Ion Lagardezabal (@Mr_floG) November 9, 2019

Escandalosa manipulación de la Polícia del Estado de los presos miembros de CeDeR

Heu anat mai a una manifestació i us heu posat a mirar al vostre voltant per veure si identificàveu algun infiltrat de la policia secreta? Doncs sapigueu que, si ho heu fet, sou sospitosos. pic.twitter.com/XJbASaBoiR

— Miquel Strubell fill 🎗🌊 (@miquelstrubell) November 8, 2019

La defensa de los independentistas catalanes acusados de terrorismo denuncian que los detenidos declararon bajo coacción y amenazas, sin dormir y drogados. Es más que evidente que esto es un montaje más de la GUERRA SUCIA del Estado español contra Cataluña. GRAVÍSIMO. pic.twitter.com/Iuio9jsUbD

— Superwoman Roja (@SuperwomanrojaB) November 8, 2019

On n’a jamais vu la police d’un pays démocratique s’acharner à 10 et battre un terroriste! Ils sont en train de le faire avec nos jeunes qui ont à peine vingt ans???

Magnifique @AlbanoDante76 ! On n’a jamais vu la police d’un pays démocratique s’acharner à 10 et battre un terroriste! Ils sont en train de le faire avec nos jeunes qui ont à peine vingt ans! #SpainIsAFascistState https://t.co/sGOk7d1qKO

— Foreign Friends of Catalonia🎗 (@Foreign_Cat) October 22, 2019

Gonzalo Boye: Desproporcionado

La criminalización de la política, o la judicialización de los conflictos políticos, trae como consecuencia, entre otras cosas, que las soluciones terminen no siendo las esperadas. Judicializar el conflicto existente entre el Estado y Catalunya fue una desproporción y, ahora, en Escocia estamos viendo como las propias autoridades policiales así lo entienden.

Desde hace más de un año estábamos esperando una tercera orden europea de detención y entrega (OEDE) en contra del president Puigdemont y de los consellers Ponsatí, Comín, Puig y Serret. Finalmente, y en dos tandas, sólo se han cursado la de los cuatro primeros, al entender, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo, que el dictado de la sentencia genera un nuevo marco fáctico y jurídico que hacen inviable la OEDE en contra de Meritxell Serret. En realidad, hacen inviables las OEDEs de todos, pero habrá que ir paso a paso.

Las autoridades policiales escocesas se han negado, por el momento, a tramitar la OEDE remitida en contra de Clara Ponsatí y ello por algo que en el derecho penal es fundamental: la proporcionalidad. Es decir, los escoceses consideran que los hechos que se incluyen en esa OEDE y los delitos con los que se vinculan esos hechos así como las penas que podrían corresponder son, desde el punto de vista del derecho, desproporcionados y, por tanto, impeditivos de la entrega y esto sin perjuicio de rectificaciones de última hora que lo hacen todo más complejo, ya que lo que vienen a cuestionar no solo es la desproporción sino la propia autoría.

La desproporción es algo que marcará todo este nuevo proceso de OEDE y ello por algo muy sencillo y que llevamos avisando desde hace más de un año: la sentencia no da fuerza a la OEDE sino que la resta, deja en evidencia una serie de vulneraciones de derechos fundamentales y políticos que ya veníamos alegando y, sin duda, pone al descubierto algo que desde el comienzo, en 2017, dijimos: esto es desproporcionado.

Quien ha determinado la desproporción entre los hechos imputados y sus consecuencias ha sido la National Crime Agency de Escocia, que no es sospechosa de nada y lo ha hecho basándose en los servicios jurídicos que les asesoran antes de tomar cualquier medida operativa. Sí, en los países serios, la policía también cuenta con un departamento jurídico que evalúa todas sus actuaciones tanto antes como después de producirse y son esos servicios jurídicos los que han considerado que lo solicitado en la OEDE es “desproporcionado con arreglo a la legislación del Reino Unido”.

Son buenos juristas, independientes y profesionales, que han valorado los hechos, los delitos imputados y las penas posibles, por lo que han determinado tal desproporción no ya con respecto a normas escocesas sino a las del conjunto del Reino Unido. Ahora bien, esto no es nuevo, en el fondo es lo mismo que en su día dijo el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein denegando, como hizo, la entrega solicitada en marzo de 2018.

Siempre he sostenido que el problema real reside en los hechos y que esos hechos no son constitutivos de delito alguno más allá de los Pirineos; en realidad, tampoco lo deberían ser a este lado. Y, ahora que hay una sentencia que ha establecido como firmes y definitivos unos “hechos probados” (“verdad jurídica”), es desde esos hechos donde ha de realizarse cualquier análisis jurídico que, miren por dónde, es justo lo que han analizado los servicios jurídicos de la National Crime Agency de Escocia con efectos a todo el Reino Unido.


Lo dictaminado en Escocia y lo que en el futuro se resolverá en Bélgica marcará, igualmente, lo que en su día tenga que dictaminar el TEDH

Los hechos, que ya son firmes, son un escollo insalvable desde la perspectiva de la proporcionalidad y lo son en Escocia, en el Reino Unido y en el resto de Europa, como se irá demostrando. Antes teníamos una presunción de hechos, una presunción de delitos y una presunción de penas, pero ahora, gracias a la sentencia, tenemos eso que se denomina “verdad jurídica” o “hechos probados” con una atribución penal y penológica inamovible.

No es proporcionado que por los hechos descritos en la sentencia, y que son la base de la OEDE, se pretenda encarcelar a una serie de personas, otras ya lo están, acusándolas de sedición, un delito poco democrático, y pretender imponer penas que superarían, en el caso del president Puigdemont, los 13 años de cárcel y los 10 en el caso del resto de consellers. Esto, y no otra cosa, es lo que han venido a decir las autoridades escocesas, insisto, con efectos a todo el Reino Unido.

Seguramente, el gran error que se ha cometido, ya por tercera vez, es no mirar las cosas desde una perspectiva europea, no mirarlas desde el otro lado de la mesa y, además, no haber realizado un estudio en profundidad de lo que realmente se entiende en Europa por interpretación democrática del derecho penal, que, como no puede ser de otra forma, tiene unos límites entre los que se encuentra el principio de proporcionalidad.

Ahora bien, lo dictaminado en Escocia no es más que un buen comienzo de unos procesos que serán largos, complejos. Escocia no ha rechazado la OEDE de Clara Ponsatí, solo ha dicho que, tal cual viene planteada, vulneraría la legalidad “del Reino Unido” y, por tanto, abre la posibilidad a que el Tribunal Supremo remita nuevos datos con los cuales justificar esa falta de proporcionalidad y, así, intentar convencer a los juristas de la National Crime Agency de lo equivocados que están. En cualquier caso, la OEDE sigue en vigor en el resto de los estados de la Unión porque aún no estamos en la etapa de cuestionar eso.

La desproporción no solo se ve reflejada en el encaje que se hace, a nivel penal, de los “hechos probados” de la sentencia, sino que se ve claramente cuando todo un presidente del Gobierno, si bien en funciones, da a entender que la Fiscalía actúa a su dictado y se compromete a que, si es elegido el próximo domingo, el president Puigdemont y el resto de exiliados terminarán presos en España. Estos dichos y lo que reflejan también son una desproporción que marcará, desde otra perspectiva y en otro momento procesal, todos los procesos de OEDE que continúan abiertos.

Pero el problema con la desproporción no termina en los procesos de OEDE ni en el Reino Unido ni en Bélgica. La desproporción será, sin duda, un elemento muy presente en las demandas que se vayan a presentar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo dictaminado en Escocia y lo que en el futuro se resolverá en Bélgica marcará, igualmente, lo que en su día tenga que dictaminar el TEDH... básicamente, tendrá que establecer, entre otras muchas cosas, si todo esto ha sido proporcionado o desproporcionado y, a la vista está, en Europa nos van dando la razón.

En cualquier caso, y para no pasarnos de frenada, seamos claros: solo se ha ganado una batalla.

https://www.elnacional.cat/es/opinion/gonzalo-boye-desproporcionado_439095_102.html

It’s easier to reign against "the Catalans"

"The Catalans" have been painstakingly dehumanized as part of a time-honoured narrative

3 min. 05/11/2019 07:51 Traduccions: CAT ENG

SEBASTIÀ ALZAMORAWriter
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Back in 2006, "Sign this petition against the Catalans" was a common refrain heard all over Spain near the stalls the PP had set up to collect signatures against the new Statute of Catalonia. The petition was the start of the political and judicial upheaval we are currently experiencing. "The Catalans" —in obligatory quotation marks— are a nebulous group who possess the sole characteristic of wishing evil to befall Spain, making them the enemy which unites Spanish nationalism. Anything goes when opposing "the Catalans", since "the Catalans" are capable of doing anything in order to hurt Spain. Generally, "the Catalans" are depicted as an ignorant, fanatical mob which is always acting on someone’s orders: Jordi Pujol, Carod-Rovira, Artur Mas, Carles Puigdemont and, now, Quim Torra. "The Catalans" have been painstakingly dehumanized as part of a time-honoured narrative: the way in which they are depicted they are not citizens; in fact, they’re barely people. They are the product of the diabolical plans of the aforementioned leaders, who have dedicated themselves to instilling in "the Catalans" a hatred of Spain by means of the school system and the publicly owned media.

Obviously, this narrative does not stand up to scrutiny, or fact-checking. But it has taken hold and it is the axis around which the majority of Catalan and Spanish politics currently revolves. This includes the Crown, which under the reign of Felipe VI has ceased to play a mainly institutional role to instead take on a shamelessly political role. The major turning point was, undoubtedly, the infamous speech of 3 October 2017 which was deplored by those who yearn for more and better democracy and celebrated by those who long for a stronger Spanish state, similar to that which existed before democracy and before and after the Republic. I am one of those who believe that the Crown as an institution is meaningless in a modern democracy governed by the rule of law. However, if it must play a role, it certainly shouldn’t be used to heighten the tensions which already exist, but instead to diffuse and dilute them.

Felipe VI, and the team that surrounds him, have chosen to build his reign as one which raises passions: specifically, patriotic passions. The easiest way to build this passionate reign was to position the monarch against "the Catalans", portrayed in the manner described above. This new tactic suggests an immature, almost adolescent mentality, which is apparent from many of Felipe VI’s public appearances: the Instagram King who is always looking for a photo opportunity. The fact is that, since 3 October, Felipe VI hasn’t stopped making gestures that consolidate his confrontational posture, and his visit to Barcelona last Monday was another example of this: and it is particularly irresponsible, given the heightened tension which everyone is all too aware of. These manoeuvres are the work of the Spanish right, which historically has opposed the monarchy but which does not hesitate to use the Crown (when it allows itself to be used, as in this instance) to satisfy its nationalist fervour. Before tossing it to one side, obviously.

https://www.ara.cat/en/easier-reign-against-the-Catalans_0_2338566199.html

What Pedro Sánchez says

This is a response to an opinion piece by Spanish Prime Minister Pedro Sánchez published in the Irish Examiner: https://www.irishexaminer.com/breakingnews/views/analysis/catalan-separatism-is-a-challenge-for-europe-962357.html

Pedro Sánchez says Europe is freedom. Spain is certainly not that. Not for Catalan political prisoners: political leaders, civil society leaders and activists. Not for political exiles: political leaders, activists and rappers. As for Europe, three Catalan MEPs have not been allowed to take up their seats in the European Parliament, leaving over 2.2 million European voters disenfranchised.

Pedro Sánchez says he cannot accept the unilateral breach of Spain’s integrity. But Pedro Sánchez, like Mariano Rajoy before him, can ignore the 80% of Catalan citizens who wish to vote on their political future in a referendum.

Pedro Sánchez says he rejects nationalistic ideologies and extremism. Using State security forces to intimidate and beat up voters and protesters in the name of Spanish unity is extreme nationalism. Holding political opponents in arbitrary detention (see the two corresponding opinions issued by the United Nations Working Group on Arbitrary Detention) in the name of Spanish unity is extreme nationalism. Subjecting political opponents to a show trial and handing down draconian sentences in the name of Spanish unity is extreme nationalism. Closing down websites and censoring artists in the name of Spanish unity is extreme nationalism. Pedro Sánchez does not reject nationalist ideologies and extremism but rather he embraces them, when they are Spanish.

Pedro Sánchez says the majority of Catalans are against independence. He cannot know this because he refuses to sanction a referendum. Catalonia has had pro-independence majority governments for the last several years. That is what Catalans have said at the ballot box. There are also many Catalans who are against independence but in favour of voting on the issue. Pedro Sánchez silences them. That is undemocratic.

Pedro Sánchez says 90.5% of Catalans backed the Spanish Constitution in 1978. Pedro Sánchez does not explain what the alternative was for a people oppressed by 40 years of dictatorship. Catalans were not offered a range of options. It was a case of “take it or leave it”. And leaving it meant what? More Francoism? Franco’s Bourbon successors were included in the Spanish Constitution package. Today, over 75% of Catalans reject the monarchy and would prefer to live in a republic. Can Pedro Sánchez really beat them with the stick of what the Catalan population voted for over 41 years ago? Not if he is a democrat.

Pedro Sánchez boasts about the levels of regional governance in Spain. The fact is that any law of substance passed by the Catalan parliament (gender equality, climate change, energy poverty — i.e. helping people who are struggling to pay Spain’s high energy costs) is immediately appealed by Spain before the Constitutional Court and struck down. The Statute of Catalonia is not even a shadow of the document approved by the Catalan and Spanish parliaments and ratified by citizens in a referendum. Following an appeal by Mariano Rajoy’s PP before the Constitutional Court, it was watered down to such an extent that it is simply not the document that Catalans voted for. Pedro Sánchez has announced his intention this very week to intervene in the Catalan education system, with the introduction of a subject aimed at making Catalan children Spanish patriots. He has also pledged to intervene in Catalan public media.

Pedro Sánchez says that Catalan leaders held an illegal referendum in 2017. Catalan society held a referendum in 2017. A referendum organised from the ground up, involving millions of citizens. What he does not say is that holding an illegal referendum is not a crime in Spain. It was decriminalised by José Luis Rodríguez Zapatero, Spain’s previous socialist PM, in 2005. The October 2017 referendum was not a crime, according to the Spanish criminal code, yet draconian punishments have been handed down to nine leaders. This week Pedro Sánchez also announced his intention to once again criminalise the holding of an illegal referendum, implicitly acknowledging that the actions of October 2017 did not constitute a crime.

Pedro Sánchez accuses the independence movement of propagating fake news. This claim is completely unfounded, which is why he gives no examples. Fake news is to deny the brutal State violence of 1 October 2017, which the whole world saw. Spain’s government at the time said many of those images were fake. This claim was patently untrue. For his part, Pedro Sánchez withdrew a request for Spain’s deputy PM Soraya Saénz de Santamaría to appear before parliament to answer questions on the State violence of that day. His government later awarded medals to all the outgoing members of the PP government and, in October 2018, appointed Saénz de Santamaría as member of the Council of State, the supreme consultative body for the Spanish Government.

Pedro Sánchez says his government puts the expansion of rights and liberties foremost. But Pedro Sánchez has failed to deliver his oft-repeated promise to repeal Spain’s chilling Gag Law, which he said was tailor-made to address Mariano Rajoy’s fears. Instead, he has continued to restrict rights and liberties. Only this week, his government passed a decree whereby it can switch off the internet in “exceptional circumstances” (national security, public safety issues, etc.). Who will be the arbiter of such circumstances? Pedro Sánchez? This is authoritarianism.

Pedro Sánchez accuses the Catalan president, Quim Torra, who represents the pro-independence majority government voted for by Catalan citizens, of causing pain and damage to peaceful coexistence in Catalonia with his views. Why? Because they are not Pedro Sánchez’s views? Quim Torra wants all Catalans to have their say on their political future. Pedro Sánchez does not. He thinks that Catalans in favour of independence do not deserve to be listened to. He does not know what the majority view is in Catalonia; there is only one way to settle that matter.

Pedro Sánchez says that the Spanish judiciary is independent but this very week Pedro Sánchez made an electoral pledge to bring Carles Puigdemont back from Belgium to Spain, a decision that corresponds exclusively to a Belgian court. When asked how he planned to deliver this promise, Pedro Sánchez said that the Spanish Office of the State Attorney depended on his government, thus implying that he and his government could influence judicial decisions. His deputy prime minister, Carmen Calvo, has publicly stated that if the Belgian authorities do not extradite Carles Puigdemont to Spain, there will be political consequences. Is this the rule of law that Pedro Sánchez is referring to?

Pedro Sánchez says that some people believe the sentences handed down to Catalan political and civil society leaders were not harsh enough. In Spain, where hatred against the pro-independence movement has been stoked by the media, aided and abetted by politicians, judges and policemen, this is certainly true. Outside Spain, on the other hand… maybe he should ask around.

Pedro Sánchez accuses Elisenda Paluzie (he doesn’t have the courage to name her), President of the Catalan National Assembly, of stating that violence “may be necessary” for the pro-independence cause in order to receive greater attention. Elisenda Paluzie said no such thing and the accusation is a disgraceful one.

Pedro Sánchez says that “no political ambition can ever justify resorting to violence, much less the normalisation of violence as a political tool.” The Spanish State has resorted to violence in Catalonia and normalised it. We have become used to seeing horrific injuries caused by the impact of rubber and foam bullets (lost eyes and testicles), along with heads cracked open by direct baton blows. This is real violence. Burning a rubbish container is not. Pedro Sánchez has never condemned police violence. He has even visited an injured police office in a Barcelona hospital but refused to visit three patients in the same hospital who had lost eyes to police violence. That is the normalisation of violence as a political tool. That is the dehumanisation of victims. What it is not is “proportion and control”, another of Pedro Sanchez’s laughable claims. “Restraint is our strength” is his Orwellian boast. Make no mistake, Pedro Sánchez: inflicting life-changing injuries on protesters is not one of the duties of the police force; at least, not in a democracy.

Pedro Sánchez calls on Quim Torra to engage in dialogue with the Catalans who do not want independence. Quim Torra has always been ready to talk. He has tried, in vain, to engage in dialogue with Pedro Sánchez several times in the last month. But instead of engaging in dialogue with Quim Torra, Pedro Sánchez has refused to answer his calls, a fact he has boasted about repeatedly and humiliatingly in his election campaign. Is this the attitude of a statesman? Of someone with a real interest in dialogue? When is Pedro Sánchez going to listen to the Catalans who want independence, to those who do not share his political beliefs?

Pedro Sánchez says he will not allow another “extreme nationalist outbreak”. But what we are seeing in Spain is exactly that, and the rise and rise of Vox is part of it. What is undermining Spanish democracy is the extreme Spanish nationalism (right, left and centre) that refuses to listen to those who wish to decide their own future. It is time for Pedro Sánchez to grow up, time for him to sit down and talk. Mariano Rajoy’s fuelling of the Catalan crisis was his political downfall. The Catalan crisis will be Pedro Sánchez’s downfall as well if he insists on following the same course of action.

https://medium.com/@numbersixarticles/what-pedro-s%C3%A1nchez-says-647a5270fc44

Reino Unido rechaza tramitar la euroorden contra Ponsatí por “desproporcionada” para la ley británica

La oficina Sirene británica, que tramita estas órdenes, pide a España información adicional sobre el historial delictivo previo de la ex consellera

Abascal propone “cerrar” Gibraltar tras la rechazar el Reino Unido la euroorden de Ponsatí
Clara Ponsatí con su abogado Aamer Anwar (Russell Cheyne / Reuters)
CARLOTA GUINDAL, MADRID, JOSÉ MARÍA BRUNET06/11/2019 16:24Actualizado a06/11/2019 20:05


El Reino Unido ha rechazado tramitar la orden de detención contra la exconsellera de Educació Clara Ponsatí al considerarla “desproporcionada” bajo la legislación británicaí, según una primera evaluación que ha sido notificada al Ministerio del Interior de España. El juez Pablo Llarena había enviado una orden de entrega por un delito de sedición.

La oficina Sirene británica, que tramita estas órdenes, ha contestado a su homóloga española que no va a dar curso a la entrega de Ponsatí, tal y como recoge un documento de fecha 6 de noviembre al que ha tenido acceso La Vanguardia. La calificación no es definitiva y no entraña una denegación de la euroorden de detención, pero sitúa frente a un primer pronunciamiento de las autoridades británicas sobre la solicitud de entrega de Ponsatí.

El documento de Interior que refleja el diálogo con las autoridades británicas afirma que “la orden de detención europea, tal como se detalla en el formulario A para el tema mencionado, ha sido revisada por un abogado especializado del Reino Unido en nombre de la Agencia Nacional contra la Delincuencia. Han determinado que es desproporcionado con arreglo a la legislación del Reino Unido”.

Se añade que “esta orden de detención europea no ha sido certificada por el Servicio Nacional Sirenedel Reino Unido y, por el momento, el Reino Unido no tomará ninguna otra medida en relación con este asunto”. Sirene son las siglas con que se conoce la Oficina de Localización de Reclamados de la UE.

Sin embargo, les comunica que “si tiene en su poder información sobre el historial delictivo previo de la persona o cualquier otra información relativa a la gravedad de la infracción sírvase facilitarla a la NCA (National Crime Agency) y volveremos a evaluar nuestra decisión de no certificar esta orden de detención europea”.


El abogado de Ponsatí denuncia “contradicciones evidentes” en la orden de estradición que “salta de ‘rebelión’ a ‘sedición’”

Poco antes de conocerse este documento, el abogado de la exconsellera, Aamer Anwar, explicaba que Ponsatí no se entregaría en una comisaría de Edimburgo mañana jueves como estaba previsto debido a que la euroorden había sido devuelta a España por las autoridades escocesas.

El bufete ha afirmado que “durante las últimas 24 horas” ha estado traduciendo la orden de arresto española y que no ha sido hasta esta mañana cuando “ha llegado la orden de detención traducida”. Tras recibirla, ha añadido, “las autoridades del Reino Unido buscan ahora claridad sobre la orden de España”. “Parece haber contradicciones evidentes contenidas en una orden de ‘divagación’ que se extiende unas 59 páginas, que salta de (el delito) de ‘rebelión’ al de ‘sedición’, mientras que Clara Ponsatí es acusada de sedición, lo que solo se menciona brevemente en dos páginas, sin claridad en cuanto a su papel”, sostuvo su abogado.

El equipo que defiende a Ponsatí, encabezado por el abogado, ha destacado que la orden “comienza con las actividades del movimiento por la ‘independencia’ en diciembre de 2012”, pero ha precisado que la extitular de Educación “regresó para convertirse en consellera de Educación el 14 de julio de 2017”.


Nos estamos acostumbrando a la barbarieCLARA PONSATÍ

Esta mañana, en una entrevista en TV-3, la propia Ponsatí, ha asegurado que “nos estamos acostumbrando a la barbarie” con las euroórdenes dictadas por el Tribunal Supremo y ha augurado que el proceso de resolución de su entrega durará meses: “No espero una resolución inmediata”. ”Ya estamos acostumbrados a ver cosas muy extrañas cuando llegan este tipo de órdenes. Estamos acostumbrados a ver al Tribunal Supremo, a (los jueces) Llarena y Marchena a hacer cosas que no son normales y que deberían sorprender, pero en entornos civilizados todas estas cosas sorprenden mucho. Nos estamos acostumbrando a la barbarie”, ha asegurado.

Se trata de la segunda euroorden de detención que se emite contra Ponsatí por su papel en la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Catalunya, declarado ilegal. En julio del año pasado, después de que Llarena desestimase la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont desde Alemania, la orden contra ella se retiró y el juicio fue anulado. Tras salir de España en 2017, Ponsatí permaneció unos meses en Bélgica junto a Puigdemont y en marzo de 2018 se reincorporó a su puesto en la Universidad de St Andrews en Escocia.

Spain’s Long-Dead Dictator Lives Again in an Impossible Election

After Francisco Franco fell in 1975, Spain raced to catch up with the rest of Europe—and broke its political system in the process.By
Ben Sills

7 November 2019, 04:00 GMT

Francisco Franco in 1975. Source: Keystone/Hulton Royals Collection/Getty Images


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4:56

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On his deathbed, the Generalisimo wanted God to forgive his sins and his subjects to “keep the lands of Spain united.”



Francisco Franco shut the country out of the 1968 revolution and the conception of the European Union while keeping a brutal lid on its multiple identities. After he whispered his final wish in the fall of 1975, Spain rushed to make up for lost time.



This young democracy went from a Roman Catholic dictatorship to embracing gay marriage in just a generation and its largely agricultural economy became a European powerhouse that plunged in and out of a global financial crisis.



But it wasn’t equipped to handle the dizzying pace of change. Somewhere along the way, Spain’s political system broke and the separatist forces that Franco suppressed are running amok. On Sunday, disenchanted voters head back to the polls for the fourth time in as many years hoping for an end to the deadlock.

Spaniards often bristle when foreign reporters trace their country’s problems to the Civil War and the subsequent Franco regime that collaborated with Germany’s Adolf Hitler during World War II. They say it’s all in the past.

But Franco is everywhere in this election.

Francisco Franco’s remains are carried by helicopter from the Valle de los Caídos mausoleum to Madrid on Oct. 24.
Photographer: Mariscal/Pool/Getty Images

Last month, there was non-stop media coverage of his remains being dug up from a mountain mausoleum outside Madrid and carried by helicopter to a more low-key burial site in the capital. It became instant fodder in an election campaign that was picking up steam.

For many Socialists, the exhumation of the dictator is the signature achievement of acting Prime Minister Pedro Sanchez, who’s been struggling for more than a year to exert control over a fragmented legislature.

“Spain arose out of forgiveness, but it must not forget,” Sanchez said. “This decision brings to an end a moral outrage in the form of the glorification of the figure of a dictator in a public space.”

Yet the nationalists of Vox, wrapped in the Spanish flag, are nostalgic for the traditions of the Franco years. They stand to benefit from a public backlash to the Catalan independence movement. Polls suggest they may double their 24 seats in only their second national ballot.

A Vox party rally in Barcelona in March.
Photographer: Angel Garcia/Bloomberg

Vox leader Santiago Abascal accuses Sanchez of looking for “an excuse to rewrite history” and pandering to the Catalan separatists out of political necessity.

For the Catalan separatists, who tried to break up the country in 2017, the current chaos is fertile ground to push their claims for statehood. Franco stamped out the issue for a generation when he executed the man who proclaimed a Catalan state in 1934.

For most of the post-Franco era, Spain had a classic two-party system common in western democracies. The People’s Party defended traditional values, while the Socialists pushed the envelope on social change. But as a result of the Catalan crisis, there are now five main parties that makes the coalition-building much harder.

Sanchez was able to oust his center-right rival with a brief alliance with the Catalan separatists. Now he’s uncomfortably dependent on them. When violence flared after their leaders were convicted for sedition, he promised a firm reaction but didn’t follow through.

From left, PP leader Pablo Casado, Prime Minister and Socialist Party leader Pedro Sanchez, Vox party leader Santiago Abascal, Podemos party leader Pablo Iglesias, and Ciudadanos leader Albert Rivera on Nov. 4.
Photographer: Pierre-Philippe Marcou/AFP via Getty Images

That would have cost him votes in Catalonia, a traditional stronghold for the Socialists. In the rest of the country, he risks losing votes for appearing too soft. It’s a far cry from Franco’s time, when the Catalan and Basque languages were effectively outlawed.

Over the decades, Catalan parties turned themselves into kingmakers by cutting deals with either party, negotiating the transfer of power and money to their region in exchange for votes in the national parliament.

It made short-term political sense but had the effect of hollowing out the Spanish state. And the demands from the separatists just kept growing. The slow, steady slide toward fundamentalism has left the country basically ungovernable.

The Catalans have joined blocking majorities against both the left and the right over the past 18 months while the historic divisions between the PP and the Socialists have ruled out a German-style grand coalition.

In all this, the PP has purged its legacy of corruption, a Catalan revolution has come and gone, and a party of pro-market centrists called Ciudadanos rose from nowhere to almost win power and then imploded. Podemos, an anti-establishment movement that cropped up as result of the financial crisis, is also losing steam.

And yet, the question remains: what sort of country do voters want to live in?

Catalan separatists take part in protests in Barcelona on Oct. 15.
Photographer: Angel Garcia/Bloomberg

Sanchez offers a vision of a plural, inclusive Scandinavian-style society while glossing over how he intends to pay for it. Under Pablo Casado, the PP has sketched out a Thatcherite revival. In the here and now, Spain’s political tribes are still just butting heads as the world moves on without them.

For Sebastian Balfour, who teachers history at the London School of Economics, the empty rhetoric about Franco is pure diversion by a political class who doesn’t know how to address issues such as chronic youth unemployment and job security.

“You don’t see a lot of effort to address the real concerns that people have,” he said. “There are a lot of new grievances, especially among the younger generations.”

But for politicians on a permanent election footing, it’s easier to talk about the dead guy.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-07/spain-s-long-dead-dictator-lives-again-in-an-impossible-election

Clara Ponsati arrest cancelled as 'rambling' warrant is sent back to Spain

UK authorities have returned the European Arrest Warrant for the former Catalan minister to Spain, which Ponsati’s lawyer argues contains “glaring contradictions”

- Court date for exiled former Catalan education minister cancelled after European Arrest Warrant is returned to Spain for clarification

- The translated warrant reportedly refers to ‘Rebellion’ – a crime which Ponsati has not been charged with’ – and mentions Ponsati on only two pages out of 59

- UK Sirene office finds the warrant in its current form “disproportionate under UK law”

- Ponsati’s legal team now monitoring statements from Spanish Prime Minister Pedro Sanchez following concern of government pressure on Spain’s public prosecutor

CLARA PONSATI, the exiled former Catalan minister and St Andrews professor, will not be arrested or appear in court this week, following the return of her European Arrest Warrant to Spain for clarification by UK authorities.

Ponsati, who is sought by Spain on a charge of sedition relating to her involvement in Catalonia’s outlawed 2017 independence referendum, was to present herself to police in Edinburgh tomorrow [7 November] before appearing at Edinburgh Sheriff Court to apply for bail.

However, in a statement released today by her lawyer Aamer Anwar, it was revealed that the translated warrant for Ponsati was received this morning, and clarification is now being sought from Spain by UK authorities over its contents, which includes “glaring contradictions”.

According to Anwar, Ponsati’s legal team has been translating the warrant in their possession for the past 24 hours. The “rambling” warrant, which stretches to “some 59 pages”, apparently employs both ‘Rebellion’ and ‘Sedition’ – which, under Spanish law, are two separate crimes – and only mentions Ponsati on two pages, “with no clarity as to her role”.

In a statement released on his firm’s website, Anwar says: “We note the warrant begins with the activities of the ‘Independence’ movement in December 2012, however Clara Ponsati only returned to become Education Minister on July 14th 2017.”


READ MORE: A ‘systemic attempt to criminalise the fight for independence’: Clara Ponsati prepares for arrest

A further statement from the UK Government’s Sirene (Supplementary Information Request at the National Entries] bureau, which is responsible for exchanging information the national authorities of EU nations, described the warrant as “disproportionate under UK law”.

The UK Sirene office has reportedly informed the Spanish authorities that it will not detain Ponsati on the basis of the warrant, but has said that "the National Crime Agency can evaluate again the situation if it receives more information on this issue."

As the warrant has now been returned to Spain in the hope that greater clarity will be provided, Ponsati’s court hearing has been cancelled and she will not appear at Edinburgh Police Office tomorrow.

According to Anwar, it is “provisionally” expected that Ponsati will hand herself over to authorities on 14 November, however this has not yet been confirmed.

It is the procedural norm for all European Arrest Warrants to be checked for accuracy before being passed to the relevant state from which extradition is being sought. However, recent similar failures by Spain to follow this procedure have led to delays in the warrant for former Catalan President Carles Puigdemont being accepted by Belgium.


READ MORE: 'The fight is not over': SNP conference stands in solidarity with jailed Catalan leaders as Clara Ponsati prepares to fight new extradition attempt

Anwar commented: “The shambolic ‘arrogant’ attempts at extradition by Spain should be a source of deep embarrassment to them. This is now Spain’s third attempt to extradite Clara and they stand accused of abusing the European Arrest Warrant process.

“We are instructed to robustly defend Clara in what she claims to be a ‘judicially motivated act of vengeance’ against the Catalan politicians.”

Anwar added that Ponsati’s legal team were also monitoring statements by Spanish Prime Minister Pedro Sánchez after he appeared to boast of controlling Spain’s public prosecutor, who is theoretically part of an independent judiciary, while discussing attempts to extradite Puigdemont from Belgium.

In a TV interview on 4 November, Sánchez highlighted the European Arrest Warrant issued for Puigdemont, before asking: "Who does the prosecutor answer to?" The interviewer answered: "To the government,” prompting Sánchez to respond: "Then, that’s it."

Anwar said: “Such statements makes a total mockery of the Spanish state’s claim to have the ‘separation of powers’.

“We are putting politicians such as Pedro Sanchez on notice, that we will not hesitate to cite them as witnesses to our courts, to answer questions on their alleged interference with the Spanish judiciary, lack of impartiality and any political motivation over the extradition process.”

Picture: CommonSpace


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Pulseritas de Vox con el "Cara al sol": así fue la comida franquista tras la exhumación de Franco

48 horas después del traslado de la momia al cementerio de Mingorrubio, militantes ultraderechistas celebraron un encuentro en el restaurante Casa Pepe. "Vamos a la lucha”, lanzó el presidente de la Fundación Franco.
Un asistente a la comida franquista en Casa Pepe con la pulsera de Vox. ACCIÓN JUVENIL ESPAÑOLA

El Gobierno difunde fotos de la nueva tumba de Franco en Mingorrubio
Abascal critica la propuesta de castigar la exaltación del franquismo: "Nos amenazan con el Código Penal"
La familia Franco grabó un vídeo dentro del panteón de Mingorrubio pese a que estaba prohibido

BILBAO
04/11/2019 12:31 Actualizado: 04/11/2019 12:31


DANILO ALBIN @danialri


“Les hablo desde la frustración”. Acostumbrado a dar discursos, el general retirado Juan Chicharro Ortega, presidente de la Fundación Franco, se vio obligado a hablar a los suyos sobre la exhumación del dictador. Ocurrió en “Casa Pepe” –un restaurante plagado de decoración ultraderechista situado en Despeñaperros– exactamente 48 horas después de la salida de Franco del Valle de los Caídos y acabó con los comensales cantando el Cara al Sol.

Según consta en los videos difundidos por Acción Juvenil Española (AJE), entre los asistentes que alzaron la mano derecha para cantar el himno franquista había simpatizantes de Vox. El veterano militante franquista José Luis Corral, responsable de AJE y del Movimiento Católico Español (MCE), indicó a Público que en el acto había “simpatizantes” de la formación que dirige Santiago Abascal, aunque no “dirigentes”.

De hecho, el presidente de la Fundación Franco fue bastante claro respecto a sus deseos de cara a las elecciones del próximo domingo: “Dios quiera que saquen 40 o 50 diputados y que sus jóvenes empiecen a salir a la calle”, afirmó Chicharro en relación a Vox, tal como se puede comprobar al inicio de uno de los videos. Sobre este punto, Corral asegura que el militar retirado “manifestó claramente que en estas circunstancias conviene votar a Vox porque es el único que puede desarrollar políticas contrarias a la actual Ley de Memoria Histórica, y eso nos puede favorecer”.

Durante su intervención, Chicharro confesó que durante mucho tiempo habían estado “convencidos” de que conseguirían frenar la exhumación. “Hemos logrado detener esa profanación año y medio, pero al final ha sucedido lo que ha sucedido”, afirmó.

El presidente de la Fundación Franco fue especialmente duro con el PP y la Iglesia. Criticó especialmente al ex presidente Mariano Rajoy, a quien catalogó como “el culpable de todo lo que está pasando hoy en España”. También aseguró que “Casado a través de su portavoz Dolors Montserrat me escribió directamente y me dijo que iba a recurrir la inconstitucionalidad del real decreto que daba pie a la exhumación”. Sin embargo, subrayó que el PP “no cumplió” con esa promesa.

Del mismo modo, habló de la “gran decepción” que supuso la postura asumida por la Conferencia Episcopal Española, a la que achaca no haber hecho nada para impedir la exhumación del dictador. “La jerarquía eclesiástica se ha puesto de perfil ante la profanación de una basílica, les trae sin cuidado. Que la sangre de tantos mártires caiga sobre ellos algún día”, proclamó.
"Los primeros traidores"

El presidente de la Fundación Franco criticó también “la docilidad del Poder Judicial en España” e incluso aseguró que tres magistrados del Supremo que estaban en contra de permitir la exhumación cambiaron de opinión “en cuarenta minutos” tras haber recibido instrucciones de “un enviado del Gobierno”. “Algún día se sabrá que le ofrecieron a esos tres magistrados, los primeros traidores”, afirmó.

Chicharro, quien fue ayudante de campo del Rey Juan Carlos, también lamentó el “ominoso silencio de la Corona y de las Fuerzas Armadas”, aunque seguido aclaró que se había “autoimpuesto no hablar” sobre ambas porque “España se está rompiendo por todas partes y a lo mejor vamos a tener que recurrir a estas instituciones en su momento”.

“Señores, estamos en una guerra”, lanzó Chicharro desde Casa Pepe. “Estamos en una guerra ideológica, la misma en la que lucharon nuestros padres y nuestros abuelos. Una guerra que entonces fue cruenta y hoy es ideológica”, abundó. “Vamos a la lucha”, añadió poco antes de que empezara a sonar el Cara al Sol.

https://www.publico.es/politica/exhumacion-franco-pulseritas-vox-cara-sol-comida-franquista-exhumacion.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=publico

Juez Ramiro García de Dios: «Lo que realmente le da pánico al sistema son las luchas pacíficas»

El juez de instrucción, recién jubilado, habló abiertamente el pasado sábado en una entrevista donde analizó el sistema policial, judicial y las irregularidades que se producen

Por Beatriz Talegón

El sábado por la noche el programa «Preguntas Frecuentes» de TV3 entrevistó al Juez de Instrucción, Ramiro García de Dios, al que denominaban «el azote de la policía». El juez, jubilado en febrero de 2018 cuenta con una trayectoria de treinta años como juez de instrucción, responsabilidad que ha desempeñado en el juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, y también en Bilbao, donde coincidió durante casi seis años con el que fuera también juez instructor, Grande Marlaska -hoy ministro de Interior-.

La entrevista ha llamado la atención, tanto de quienes pudieron verla en directo, como de las personas que han compartido sus contenidos a través de redes sociales. No es en absoluto habitual escuchar a un juez hablar con la claridad y firmeza que lo ha hecho García de Dios, sino que además, su punto de vista no suele ser el más extendido en la judicatura.

En este enlace puede verse la entrevista completa al juez. A continuación, las declaraciones más destacadas.

El azote de la policía


Al ser preguntado por el apodo que le pusieron, «el azote de la policía», García de Dios explica cuál ha sido su labor: la de un juez que pretende controlar las extralimitaciones, la de un juez garantista. De hecho, cuando se jubiló algunos hicieron un brindis.

Trabajó como juez de control del centro de internamiento de Aluche, donde dio una dura batalla en favor de los derechos humanos de los inmigrantes que se encontraban allí recluidos. Comenta en la entrevista cómo llegó a plantearse el cierre del CIE y explica cómo no fue posible porque no contaba con herramientas legales para ello.

Se ha referido a «la fuerte relación promiscua entre la judicatura penal y el subsistema judicial». Algo que ha combatido durante toda su carrera y que le ha puesto en el punto de mira de aquellos a los que ha señalado.

Sobre la prisión provisional, ha explicado que se está utilizando para «amedrentar» y para generar «desaliento». «No todo el mundo en sus luchas por los derechos está dispuesto a la prisión.» Como juez de control del CIE, ha visto «lo que sufre la gente que no ha cumplido ningún tipo de delito». Y lo ha explicado extrapolado a lo que vemos estos días: «en gran número de años he tenido multitud de atestados policiales que acabaron con personas detenidas, tres días en comisaría, un día en el juzgado, archivados al día siguiente. Porque no había nada». Y ha explicado que «la autonomía (de la policía) a la hora de elaborar atestados, donde cuatro agentes dicen lo mismo (…) el compadreo hace que el policía hace que tiene una especie de fe en lo que dice; en Derecho penal bajo ningún concepto un policía puede tener presunción de veracidad en un estado democrático.

La carrera judicial mayoritariamente es conservadora, ha afirmado. «Hay un sector minoritario progresista. También hay un sector minoritario neo fascista». Y se ha referido directamente al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Señor Asunción, en su crítica sobre la Ley de Memoria Histórica y sobre la exhumación de Franco: a quien considera que su posicionamiento es autoritario y neofranquista.

Se muestra preocupado por la deriva autoritaria que va a venir. Porque «está habiendo luchas serias, luchas pacíficas: lo que más preocupa al sistema son las luchas pacíficas. El sistema está encantado si hay violencia, porque con todo el aparato represivo que tiene, puede sofocar esas violencias y además cargarse de razón. A lo que tiene pánico es la protesta pacífica, masiva y continua: ahí saben que al final, pierden».

Manipulación de pruebas» por parte de la policía

Ha señalado que, desgraciadamente es posible que la policía manipule pruebas para realizar los atestados. Ha indicado que «la dificultad» se encuentra en poderlo demostrar. Ponía como ejemplo cuando, junto al atestado aparece una bolsa con «un pedrusco»: «si la persona a mí me dice que no corrió lo suficiente y por eso le han detenido, pero que la bolsa de la piedra no es suya; pero si hay tres o cuatro que firman el atestado con lo del pedrusco… Si tú no tienes una sana y prudente desconfianza frente al aparato judicial, ¿qué es lo que cuela? la versión policial. Así de sencillo. Yo no voy a engañar a nadie».

No es habitual que los jueces desconfíen, sin embargo, afirma que hay jueces que se encargan de revisar y verificar. «Si un periodista revisase los atestados que he tenido en mi vida, tanto en Bilbao como en Madrid, verán el lenguaje que utilizan, no sólo para sobredimensionar, sino para colocar a una persona que a lo mejor no ha hecho más que correr, atribuirle desórdenes públicos. Muchas veces con frases valorativas, sin ser capaz de explicar hechos concretos».

Ha relatado cómo los policías han llegado incluso a increparle por desconfiar, cuando él se encargaba de hacer los interrogatorios por separado. Ha explicado que la policía científica no tiene nada que ver con esto, que «el tema fuerte está con los cuerpos de antidisturbios -sean los que sean, de las policías autonómicas o de la policía nacional o de la guardia civil-«.

Sobre los altercados de estos días en Barcelona

«He visto actos presuntamente delictivos: de presuntas lesiones, de presuntos delitos contra la integridad moral de las personas. No hay derecho a agarrar a una persona que está sentada, patearla, agarrarle… más que usar la fuerza es querer humillar, destrozar.» Así se ha referido al describir las imágenes de las actuaciones policiales de estos días. «Ya no es sólo el acto lesivo de pegar en la cabeza, o disparar pelotas de goma. Esos ataques persiguen, no sólo generar miedo, sino mostrar la cara del poder violento».

Grande Marlaska: «un juez antigarantista, autoritario. Un juez con una mentalidad policial»

Coincidieron prácticamente seis años en Bilbao, donde eran diez jueces de instrucción. Allí tuvieron una estrecha relación. Ha explicado que «tuvo la ocasión de comprobar qué tipo de juez era (…)». «Era un juez antigarantista, autoritario. Un juez con una mentalidad policial. Esa mentalidad policial, cuando después se va de juez de instrucción central a la Audiencia Nacional, lo hace tan bien en la complacencia con el subsistema policial, que le dan medallas por todas las esquinas. Eso le sirve para un ascenso meteórico en la carrera judicial. A su vez, tiene una conexión muy fuerte con ser un juez muy querido por el subsistema policial y por las organizaciones de víctimas del terrorismo. Esto hace que un juez mediocre, un juez autoritario haya podido llegar a ser ministro».

Sobre la comparación entre Cataluña y País Vasco que ha hecho recientemente el Ministro del Interior, el juez García de Dios ha sido contundente: «Es de una intensa, acusada, miseria moral e intelectual. He vivido en el país vasco ocho años y medio y he visto lo que he visto. ¿Ha contado Grande Marlaska el número de contenedores, de piedras, de incendios? En el País Vasco se quemaban autobuses, sedes de partidos políticos, oficinas bancarias… Él después de ver lo torpe de sus primeras declaraciones intentó hacer un cambio diciendo que no quería referirse a la lucha armada de ETA.» Añade: «En el País Vasco en las luchas obreras, bien de la siderurgia, bien del naval, hubo episodios que comparados con lo que se ha visto en Barcelona, estos últimos eran juegos de indios y comanches».

Carlos Lesmes «es el prototipo del príncipe del siglo XVI, un hombre al servicio del Estado»

«No quiero decir que sea una persona que en todas las actuaciones sea un prevaricador. Lo que sí quiero decir es que en multitud de actuaciones, los criterios de mérito y capacidad para los nombramientos los ignora totalmente y opera al servicio de los partidos. Porque el CGPJ está controlado por el sistema partitocrático. (…)» Ha comentado el juez.

Según García de Dios, Lesmes ha contribuido a degradar el concepto que se tiene del CGPJ.
«Marchea es capaz de poner música jurídica a cualquier letra»

Considera que la sentencia del procés es ponerle música jurídica a la letra del «oé, oé, oé, a por ellos».

Un sistema judicial que permitiera el acceso a la judicatura de las clases populares

Preguntado sobre las modificaciones que él propondría para reformar el sistema judicial, ha señalado que sería necesario que la procedencia de los jueces y magistrados fuera de clase trabajadora y de clases populares. «Con un sistema de formación que evitara que la formación fuera la del «loro cantando temas». Se inclinaría por el sistema holandés: a través de test de cultura jurídica, de cultura general, de sociología y después en la escuela judicial, hay una formación sobre la práctica jurídica de manera pormenorizada y extensa.

«Dado este sistema de acceso, propondría que la mayoría de los jueces y juezas que compusieran el CGPJ fueran elegidos, una parte entre jueces y otra parte entre la ciudadanía». No ahondó en la manera de elegirlos desde la ciudadanía, pero señaló a ello.
Los sindicatos policiales: «son cofradías»

«entiendo que un sindicato es un conjunto de trabajadores que luchan frente a un patrono, frente a un Estado que degrada el sistema de asistencia social. Existen nominalmente los llamados sindicatos.» Ha indicado que son ultracorporativos, atacan cualquier crítica.

Ha puesto de ejemplo el caso de una concejala de Unidas Podemos, que hizo una mera crítica sobre la muerte de un mantero.

La sentencia del Procés «abre una vía muy peligrosa»
«Es tan brutal el tipo penal de la sedición», ha señalado, que «salvo que ocurran episodios de violencia física contra los agentes, contra la comisión judicial, no creo que sea posible (aplicar delito de sedición por protestar)».

https://diario16.com/juez-ramiro-garcia-de-dios-lo-que-realmente-le-da-panico-al-sistema-son-las-luchas-pacificas/