Sorolla, Gutiérrez de la Vega o Brueghel el joven, el botín de Franco que permanece aún escondido en El Prado

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica propone al Museo del Prado hacer una exposición con la obra incautada por la dictadura franquista.

"Se podría aprovechar para relatar la gran operación de saqueo que fue el franquismo", destaca a infoLibre el presidente de la ARMH, Emilio Silva



'Cabeza de mujer con mantilla blanca' 

JOAQUÍN SOROLLA / MUSEO DEL PRADO


David Gallardo
10 de enero de 2023 22:05h
@davidgallardo78


Joaquín Sorolla, Gutiérrez de la Vega, Brueghel el joven, Federico de Madrazo y Kuntz, Pedro Atanasio Bocanegra. Pintores de diferentes épocas con una conexión inesperada: el Museo del Prado conserva en sus fondos obras de todos ellos (y otros muchos) que fueron incautadas durante la Guerra Civil y el franquismo. De hecho, la pinacoteca investiga actualmente la procedencia original de 62 obras de arte de esos fondos, de las que 25 piezas -23 pinturas, un reloj y un frutero- provenían de la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional, creada en 1939.


Esta Comisaría General fue heredera del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, creado por un decreto firmado por el dictador Francisco Franco, del 22 de abril de 1938, destinado a "reorganizar el servicio de recuperación del Patrimonio artístico nacional y también de las obras de arte de propiedad de particulares sometidas a los azares de la guerra", tal y como puede leerse en el BOE.


Cabeza de mujer con mantilla blanca, de Joaquín Sorolla, es una de esas 25 obras que ya se sabe a ciencia cierta que fueron incautadas durante la Guerra Civil y el franquismo (el resto se sigue investigando). Se trata de un óleo sobre lienzo fechado hacia 1882, con 48 centímetros de alto y 33 de ancho. Adscrita al Museo de Arte Moderno, procedente de la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional en 1943, actualmente está en depósito en el Museo del Ampurdám de Figueras.

Otro cuadro en esta situación es Paisaje nevado, atribuido a Jan Brueghel, El Joven. Un óleo sobre tabla de 45 por 76 centímetros fechado después de 1625, que representa la vida de una aldea durante un día frío de invierno, y que no se encuentra actualmente expuesto, si bien está adscrito al Museo del Prado, procedente de la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional en 1941.

José Gutiérrez de la Vega tiene un total de cuatro obras de su autoría que fueron incautadas durante el franquismo. A saber: Alegoría del Antiguo Testamento (óleo sobre lienzo, hacia 1844), El canónigo José Olcina y Macía, caballero de Montesa (óleo sobre lienzo, 1845-1848), Dama con abanico (óleo sobre lienzo, hacia 1845) y Alegoría del Nuevo Testamento (óleo sobre lienzo, también hacia 1844).

Desde la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional llegaron también hasta el Prado a lo largo de los lustros otras obras de Federico Madrazo y Kuntz (Retrato de caballero, 1855), Eugenio Lucas Velázquez (Encadenada, 1850), Joost de Momper II (Paso de un río, siglos XVI-XVII), Pedro Ruiz González (Cristo en el Pretorio, 1673), Rodrigo de Osona y Francisco de Osona (La natividad, 1490; y Adoración de los Reyes Magos, 1490), François Boucher (Amorcillos jugando con un pichón, siglo XVIII; Amorcillos vendimiando, siglo XVIII), Adriaen Isenbrandt (Cristo varón de dolores, 1525-1550), Pedro Atanasio Bocanegra (La Virgen con santos y ángeles, siglo XVII; La Virgen con santos, siglo XVII), Giuseppe Bonito (Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, 1759) y Manuel de Castro (La huida de Egipto, 1697).

También figuran un frutero y un reloj procedentes de la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional, así como dos óleos anónimos del siglo XVII. En lo referente a las pinturas, 17 fueron entregadas al Museo del Prado por la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional entre 1940 y 1942; cinco pinturas entregadas al Museo de Arte Moderno, procedentes de la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional (1942). Además, otra pintura, la mencionada de Sorolla, fue entregada al Museo de Arte Moderno, procedente de la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional (1943), pero quedó en el Museo de Arte Contemporáneo y pasó al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, desde donde se adscribió al Museo del Prado en 2016 por reordenación de colecciones.

Junto a estas, el Prado tiene además once pinturas (depositadas entre 1936 y 1939) por la Junta Delegada de Incautación del Tesoro Artístico y otras 26 pinturas, en general muy deterioradas, depositadas en fechas desconocida por esa misma junta. Algunas obras cuentan con algún dato alusivo a la procedencia anterior a su incautación, aunque en la mayoría de los casos se desconoce quién era el propietario individual, bien por falta de información de los propios herederos o por el exilio de las familias, entre otras circunstancias.

EXPOSICIÓN

Es esto último, precisamente, lo que lleva a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) a proponer al Museo una exposición con la obra incautada por la dictadura franquista. "Se podría aprovechar para relatar la gran operación de saqueo que fue el franquismo", destaca a infoLibre el presidente de la ARMH, Emilio Silva, quien apunta que de un tiempo a esta parte se han publicado noticias sobre devoluciones de patrimonio a sus legítimos dueños, por lo que la investigación puesta en marcha por el Prado "posiblemente es la punta de un iceberg donde hay muchísimas más cosas".

"Hacer esta exposición es una gran oportunidad para explicar toda esa operación del franquismo por controlar el patrimonio y lo que pasó o no pasó con él. Nos parece una acción reparadora simbólicamente, y que puede ayudar incluso a que aparezcan sus legítimos dueños. El Prado está investigando 62 obras, pero en la Biblioteca Nacional hay cientos. Hay 25 obras que ya se saben y luego las que se sospechan, porque si te pones a rascar puede aparecer de todo. Aunque tampoco vemos al Gobierno con intención de devolver a sus legítimos propietarios estas obras", explica Silva.

Así las cosas, la ARMH propone a la pinacoteca que mientras se lleva a cabo la investigación sobre patrimonio incautado que forma parte de sus fondos, se organice una exposición que, bajo el título de Incautados, muestre las obras de las que se apropió el franquismo mediante amenazas o violencia y se explique el modus operandi del proceso de represión -patrimonio- que llevaron a cabo las instituciones franquistas, y la historia de los distintos organismos que se encargaron de recuperar "las obras de arte sometidas a los azares de la guerra", como se decía en el BOE antes citado.

Y es que esos azares de la guerra , tal y como indica Silva, "fueron en la mayoría de los casos operaciones de saqueo y botines de guerra obtenidos a punta de pistola". "Muchas familias republicanas tenían bienes patrimoniales importantes ysalieron en muchos casos escopetadas para salvar la vida dejando atrás muchas cosas. Algunas han llegado a estos museos, pero sabemos que otras se han quedado en el patrimonio de la familia del dictador, por ejemplo, que allí donde iba arrasaba con todo el patrimonio. Pero aquí no se ha hecho una gran investigación sobre qué pasaba con ese patrimonio, que es otra cosa que debería hacer el Gobierno", destaca.

El Museo de Bellas Artes de Bilbao expone desde el mes de septiembre pasado dos cuadros que fueron incautados por el franquismo al empresario vasco Ramón de la Sota y Llano durante la Guerra Civil y que acaba de restituir a sus herederos el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, después de ser localizados en 2018. Las obras son Retrato de joven caballero, de Cornelis van der Voort, y Retrato de María Cristina de Borbón, de Luis de la Cruz y Ríos. Un caso particular que puede animar a otras familias a tratar de localizar obras que perdieron durante el expolio del franquismo, como ha hecho recientemente el historiador Nicolás Sánchez-Albornoz reclamando "dos cuadros colgados en el Parador de Almagro que le habían sido confiscados a su familia", tal y como apunta Silva.

Una vez presentada su propuesta por registro oficial, el Prado tiene por ley treinta días de plazo para responder a la ARMH, que, más allá de este particular, insta al Gobierno a "revisar todos los sitios donde haya patrimonio cultural", no solo museos, sino también ministerios, edificios públicos o, efectivamente, paradores. "Tienen que rascar hasta el final porque, una vez que se pongan, es evidente que ahí va a caer de todo. Se quemó mucha documentación en los setenta, pero ese Patronato creado en 1938 tenía que tener un archivo y un catálogo. El Estado tiene que buscarlo y sacarlo a la luz. Que se haga una exposición que es interesante en sí misma, pero además puede ayudar a que se conozca esa historia y a que sus legítimos dueños aparezcan y recuperen el patrimonio que les robaron a punta de pistola", termina Emilio Silva.

Mientras tanto, el Prado sigue investigando con un equipo de investigación ad hoc con el catedrático y experto en patrimonio y Guerra Civil, Arturo Colorado, para ampliar el estudio de estos casos y analizar otras posibles incautaciones. El objetivo es aclarar cualquier duda que pudiera existir sobre los antecedentes y el contexto previos a que se produjera su entrada en las colecciones del Prado y, "llegado el caso y cumpliendo todos los requisitos legales, proceder a su devolución a sus legítimos dueños". Las conclusiones de este estudio se publicarán en las próximas semanas, según han confirmado a infoLibre desde el Museo.

No es solo un Cara al Sol, son 47 años de Desmemoria

Sin una política pública de memoria, verdad y justicia, y sin un Estado que se haga responsable de promover las investigaciones y los procesos de memoria para dar reparación (aunque sea 47 años más tarde) a las víctimas de la dictadura y a sus familias, seguiremos presenciando como el fascismo avanza, a pesar de que la dictadura cada vez sea más lejana.


Rodolfo Martín Villa comenzó su carrera política en el SEU y fue una de las figuras destacadas del Movimiento Nacional en el Tardofranquismo.

Irene Graíño Calaza
@irenegcsp


Araíz del vídeo difundido en redes sociales de Jaime Celada —concejal del PP, edil y exalcalde de Cabanillas del Campo— con la mano en alto y cantando el himno falangista como una muestra más de la normalización de la impunidad contra los símbolos franquistas y la apelación al dictador, cabe replantearse estructuralmente de qué forma incidir y apelar a la construcción de nuestra memoria histórica con continuidad. Por un lado, de forma que vaya más allá de políticas circunstanciales y excepcionales, por otro lado, en aras de generar una política pública de Estado que termine con la impunidad del franquismo y neofranquismo, y se construya una política estatal de memoria histórica que llegue a la sociedad.

La memoria es la historia de los pueblos. Como explica la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) las víctimas del franquismo llevan sin justicia desde hace 47 años. No hay historia sin memoria, verdad y justicia. Sin duda, a la hora de buscar explicaciones a la continuidad del franquismo, de las demostraciones de la simbología y las manifestaciones que cada año se producen en el aniversario de la muerte de Franco (y más) nos encontramos con la falta de una política pública estatal que, por un lado, incida transversalmente en la construcción de la memoria popular del pueblo, en lo educativo, académico, social, institucional y político; y por otro lado, que genere una política sólida de memoria, verdad, justicia, reparación e investigación de los más de 100.000 desaparecidos en España.

El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla es una frase histórica que explica la impunidad y la normalización del franquismo en España, y que a día de hoy, se normalicen y repitan sucesos como el del concejal o las manifestaciones con símbolos franquistas, que no son hechos aislados, sino la continuidad de un proceso histórico de silencio, olvido y desmemoria.

Y es que, sin una política pública de memoria, verdad y justicia, y sin un Estado que se haga responsable de promover las investigaciones y los procesos de memoria para dar reparación (aunque sea 47 años más tarde) a las víctimas de la dictadura y a sus familias, seguiremos presenciando como el fascismo avanza, a pesar de que la dictadura cada vez sea más lejana.
Los años transcurren, y tras la agonía y muerte de un pueblo que fue silenciado y obligado a vivir callado, la sociedad ha de rescatar su voz para reconstruir, hablar, y reparar la memoria popular, y para que jamás se repita


47 años. 

Los años transcurren, y tras la agonía y muerte de un pueblo que fue silenciado y obligado a vivir callado, la sociedad ha de rescatar su voz para reconstruir, hablar, y reparar la memoria popular, y para que jamás se repita. Esto pasa por algunos ámbitos que creo importantes, y que he descrito antes. El primero, generar una política educativa acorde, centrada en nuestra historia, y que profundice mucho más, desde que les jóvenes empiezan en la escuela, en el franquismo, la dictadura, y de qué forma esto continúa a día de hoy, con la persistencia del fascismo y el auge de las extremas derechas, y en España, por no haberse realizado el proceso de memoria, verdad y justicia, de juicio a los genocidas, y de reparación de las víctimas, que prosiguen sin justicia a día de hoy. Esto ha de expandirse necesariamente a nivel institucional, y promover políticas de memoria, verdad y justicia que se trasladen a nivel estatal, autonómico y municipal, generando instancias en las que el pueblo comparta y aprenda de su memoria.

Argentina y Chile: luz para el proceso

Un ejemplo histórico y de aprendizaje han de ser los procesos de memoria verdad y justicia de Argentina y Chile, entre otros en el mundo, que han hecho grandes esfuerzos por rescatar la memoria del pueblo y no dejar que se olvide jamás, para evitar su repetición. Ambos países cuentan con museos de memoria que explican y generan conocimiento sobre las últimas dictaduras militares y los procesos de memoria en el país. En el caso de la Argentina, el Museo de Memoria ESMA (ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio: Escuela Mecánica de la Armada) evidencia del accionar del terrorismo de Estado y prueba judicial en las causas por crímenes de lesa humanidad en Argentina, y como explica el ESMA en su página web, “su misión es contribuir a conocer, vivenciar y comprender las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado argentino, propiciando un diálogo intra e inter-generacional en el presente y hacia el futuro”. A día de hoy, los juicios por crímenes de lesa humanidad continúan en la Argentina, y entre otras organizaciones de derechos humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una de las que participa desde el inicio de los procesos de memoria en la Argentina como querellante y acompaña a familiares en la búsqueda de memoria, verdad y justicia.

En la Argentina, la memoria está más viva que nunca, y esto ha sido gracias al esfuerzo de organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres, Hijos, y ahora, Nietes —que continúa el legado histórico de la memoria— por preservar la memoria, buscar y exigir memoria, verdad y justicia por los desaparecidos y sus familiares, desde los años más crueles de la dictadura, hasta el día de hoy, en que siguen recuperándose nietos, como el 131 y 132, restituidos en el último mes por Abuelas de Plaza de Mayo.

En Chile, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, inaugurado en 2010 y hoy, a 50 años del golpe de Estado al ex presidente Salvador Allende, está destinado a “dar visibilidad a las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Chile entre 1973 y 1990, a dignificar a las víctimas y a sus familias, y a estimular la reflexión y el debate sobre la importancia del respeto y la tolerancia, para que estos hechos nunca más se repitan”. Así, el Museo explica el proceso del golpe de Estado, la represión de los años siguientes, la resistencia, el exilio, la solidaridad internacional con el pueblo chileno y la defensa de los derechos humanos.
Los grandes esfuerzos de las organizaciones en Chile y en Argentina incidieron y promovieron una simbiosis entre las demandas populares de memoria, verdad y justicia, y un impulso a nivel público y estatal para favorecer los procesos de memoria


Los grandes esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos en Chile y en Argentina incidieron y promovieron una simbiosis entre las demandas populares de memoria, verdad y justicia, y un impulso a nivel público y estatal para favorecer los procesos de memoria. Si bien, en ambos países —con sus diferencias y complejidades, que no podemos abarcar en este artículo— a día de hoy existe una gran preocupación por el ascenso de la extrema derecha (que rescatan ideas negacionistas sobre las dictaduras) y los esfuerzos por la preservación de los derechos y las políticas de memoria son constantes, sí se han generado procesos de memoria y existen estructuras, no solo sociales, sino estatales e institucionales que dan a conocer la historia de los pueblos, y en todo caso, que hacen que esa memoria sea una huella presente e imborrable, que se repite para no olvidar e impedir que vuelva a suceder.

La memoria es de los pueblos, y es el pueblo quién la impulsa, y de ahí los esfuerzos históricos y esenciales para nuestra historia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) por demandar memoria, verdad y justicia para las víctimas del franquismo y sus familias. No obstante, como rescatamos del caso argentino y chileno, no es sino con una política integral, estructurada, coordinada y continuada del Estado, puesto que el Estado es el que tiene la responsabilidad, que incida en todos los ámbitos de la sociedad, como se logrará construir una política de Estado que repare a las víctimas, y a la par, genere políticas de memoria, verdad y justicia que lleguen a toda la sociedad española. El Estado ha de impulsar necesariamente los procesos de memoria, generar los marcos para implementar políticas de memoria a nivel estatal, investigar las desapariciones, generar políticas educativas y culturales para promover el conocimiento de nuestra historia, e igualmente, terminar con la normalización y la impunidad de las apologías al franquismo.
El cara al sol y las manifestaciones que anualmente reivindican a Franco son la representación y la muestra de que el franquismo sigue vivo a día de hoy en España, y de que el fascismo avanza y se normaliza


Las víctimas del franquismo y sus familiares llevan 47 años exigiendo justicia por los crímenes de la dictadura. Los años pasan y es urgente construir los marcos para un proceso de memoria estructural y transversal, a fin de generar reparación, justicia y verdad, y de que que la sociedad española no olvide su pasado. Evitemos que se repita, denunciemos, militemos por la memoria, verdad y justicia, movilicémonos, exijamos un proceso de memoria a nivel estatal, y no permitamos que el franquismo y el fascismo sean impunes y se normalicen en España, con las formas y la simbología de hace 47 años, o con las de ahora.

No es solo un cara al sol. 

El cara al sol y las manifestaciones que anualmente reivindican a Franco en diferentes puntos del Estado, son la representación y la muestra de que el franquismo sigue vivo a día de hoy en España, y de que el fascismo avanza y se normaliza. Son la consecuencia directa de la impunidad de la que gozan las apologías al ex dictador y la normalización de los discursos fascistas. No son acontecimientos aislados, y de ninguna forma, podemos alcanzar a comtemplarlos como tales, puesto que se trata de una política estructurada de olvido, negación y desmemoria de nuestra historia. No es solamente un cara al sol, son 47 años de desmemoria, silencio y falta de promoción de políticas de memoria, verdad y justicia.

Todavía tenemos tiempo para construir la memoria del pueblo, de reparar, y dar justicia para las víctimas y sus familiares del franquismo. Exijamos justicia, verdad y reparación, apoyemos a la ARMH, reconociendo su inmenso trabajo, y trabajemos por construir la memoria del pueblo y transmitirla, y no olvidar nunca lo que sucedió.

https://www.elsaltodiario.com/opinion/no-es-solo-un-cara-al-sol-son-47-anos-desmemoria

Los años de plomo y su relación con España: La Hidra Fascista

Queda por aclarar el papel del último de los elementos que conformaron esta red que implicó al neofascismo italiano en la llamada «estrategia de la tensión». En 1981, se descubre la existencia de una logia masónica llamada Propaganda Due, o P2, de la que formaban parte algunos de los personajes más influyentes del país —policías, militares, industriales, banqueros, políticos, magistrados, etc.— Fue descubierto además su líder, el «venerable» Licio Gelli, antiguo camisa negra que había combatido en la Guerra Civil Española y acabó relacionado con la caída del Banco Ambrosiano. La existencia de la logia venía a confirmar que en Italia había de facto un gobierno paralelo en la sombra. La logia, además, estaba relacionada con la organización neofascista «Rosa dei Venti», descubierta en 1973 y cuyos miembros habían sido detenidos acusados de planear un golpe de Estado para establecer un modelo a imagen de la República Social. Gelli huyó a Sudáfrica, desde donde confirmó la red «Gladio» y la existencia de 250 células terroristas dispuestas a atentar por todo el país. También aseguró estar convencido de que se había dejado morir a Aldo Moro.




Ni el terrorismo neofascista ni el marco más amplio de la «operación Gladio» quedaron restringidos al suelo italiano. Tras el fallido «golpe Borghese», numerosos neofascistas italianos así como el propio «Príncipe Negro» se refugiaron en España. Aquí tuvieron contacto con miembros de la OAS, la Organisation de l’Armée Sècrete, organización terrorista francesa de extrema derecha surgida en 1961 para poner trabas a la independencia de Argelia, asesinar a De Gaulle y, en última instancia, establecer un gobierno de corte autoritario y anticomunista en Francia; y muchos de cuyos líderes —como Gérin-Serac, Raoul Salan o Pierre Lagaillarde— se habían escondido en España tras su disolución en Junio de 1962.

Junio Valerio Borghese, el «Príncipe Negro»

España había funcionado, de hecho, como el gran refugio fascista a nivel europeo desde finales de la IIGM, acogiendo a gente como Otto Skorzeny, antiguo coronel de las SS, o Léon Degrelle, fundador del partido rexista en Bélgica. Con el auge del neofascismo en Italia, también será el refugio de muchos de sus militantes los cuales, tras la muerte de Franco, colaborarán con la extrema derecha española en operaciones de índole semejante.

Stefano Delle Chiaie

En el momento de su detención, el asesino del juez Occorsio llevaba una agenda con números de teléfono de funcionarios del SECED —Servicio Central de Documentación—. La ametralladora con la que Concutelli llevó a cabo el crimen también era de origen español. Concutelli, según relató el neofascista Angelo Izzo con motivo de la reapertura del caso en 2008, habría participado en el secuestro y desaparición del etarra Pertur en 1976. Personas cercanas a Delle Chiaie confirmaron la participación de neofascistas italianos en la guerra sucia contra ETA a través de organizaciones como el Batallón Vasco Español o la ATE —Antiterrorismo ETA—. El propio Delle Chiaie habría estado presente en los sucesos de Montejurra, en mayo de 1976, en los que tuvo lugar el enfrentamiento entre un ala carlista de extrema derecha, agrupada en torno a Sixto de Borbón; y militantes del Partido Carlista, partidarios de Carlos Hugo de Borbón y progresivamente más cercanos a la izquierda. En la llamada «operación Reconquista», los «sixtinos» tomaron la cima del Montejurra la noche anterior al tradicional via crucis, abriendo fuego durante la celebración de este y acabando con la vida de dos personas. Entre los atacantes también habría estado Jean Pierre Cherid, ex OAS a sueldo del SECED. Delle Chiaie participaría más tarde en la «operación Cóndor» latinoamericana, persiguiendo a disidentes políticos del régimen de Pinochet y formando parte, ya en los 80, de los «escuadrones de la muerte» del nazi Klaus Barbie en Bolivia. Fue arrestado en 1989, acusado de participar en los atentados de Piazza Fontana y Bolonia, y en su declaración afirmó haber torturado, interrogado y ejecutado a refugiados vascos en el sur de Francia en los años 70, así como haber tenido contactos con la dictadura de los coroneles griegos.



En 1977, se produce la matanza de Atocha en la que son asesinados cinco abogados laboralistas. En ella habría participado Carlo Cicuttini, ex MSI y miembro de Ordine Nuovo, que había escapado de Italia tras la bomba de Peteano. Su participación fue confirmada por un informe de la inteligencia italiana. La justicia italiana reclamó su extradición en 1987, pero el gobierno de Felipe González se negó. Finalmente, fue detenido en Francia en 1998 y condenado a cadena perpetua. Habría participado en los GAL.

Tras el atentado, se descubrió una fábrica de armas en la calle Pelayo de Madrid a cargo de los miembros de Ordine Nuovo Salvatore Francia, Giancarlo Rognoni y Elio Massagrande. Es entonces cuando Gregorio Morán publica un reportaje titulado «La camada negra», en el que expone los contactos entre el neofascismo italiano y el español, afirmando que Stefano Delle Chiaie había sido visto en Lérida junto a un teniente coronel de la Guardia Civil y Miguel Gómez Benet, principal sospechoso por una bomba contra la sede de la revista «Papus» que causó la muerte del conserje del edificio y dejó 17 heridos; información por la que Morán tuvo que declarar ante un tribunal militar.



Con el paso del tiempo, y ante no pocas trabas, han ido quedando más claras las responsabilidades de este «terrorismo negro» en los «años de plomo». Parece, sin embargo, que aún falta mucho para conocer el verdadero alcance de sus conexiones con los órganos de poder. Ya en 1987, Delle Chiaie había amenazado con involucrar a dirigentes políticos con sus declaraciones. Otro de los acusados por la matanza de Bolonia, Roberto Fiore, vivió en Inglaterra desde 1980 manteniendo contactos con la extrema derecha británica. A su regreso a Italia, funda el partido Forza Nuova, por el que acabó siendo eurodiputado. El informe sobre Gladio del año 2000 reconoció el papel del neofascismo en todos estos atentados. El expresidente Cossiga reconoció haber ayudado a Gladio desde su posición de Ministro del Interior entre 1976 y 1978. Giandelio Maletti, ex jefe del contraespionaje italiano, confirmó que había ayudado a neofascistas italianos en su huida a España. En el año 2014, el primer ministro Matteo Renzi anunció que el gobierno comenzaría a desclasificar los documentos en relación a los atentados ocurridos entre 1969 y 1984. En España, las revelaciones de Andreotti llevaron a Izquierda Unida a promover una investigación. El general Manglano, entonces director del CESID, se negó a declarar en el Parlamento y se cerró el caso.

Por último, cabría hacerse la pregunta de hasta qué punto la inteligencia occidental se valió de un terrorismo que, en palabras del terrorista Vinciguerra, atacó a «civiles, al pueblo, mujeres, niños, gente inocente, gente desconocida desligada de cualquier juego político» para influir desde la sombra en la vida política italiana; o si por el contrario fue el neofascismo el que utilizó esta posición privilegiada para llevar a cabo su programa nacional-revolucionario. Hoy, parece que la extrema derecha italiana ha suavizado sus tácticas, al menos de cara a la galería, y la Liga Norte reclama el gobierno del país tras autoproclamarse líder del «centro-derecha». Nihil novum sub sole.



* Artículo publicado en Bruxismo Nº2 (abril 2018), fanzine que podéis comprar aquí.

Editorial completo: https://colectivobruxista.es/2018/10/los-anos-de-plomo-y-el-terrorismo-neofascista-en-italia-1/?v=a33c1ea972fc

Víctimas del franquismo piden al Gobierno que castigue un acto de falangistas en Valladolid

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ya incoó un expediente sancionador por los actos del 20-N, pero aún no ha resuelto el procedimiento



El jefe Nacional de Falange, Manuel Andrino, el sábado en Valladolid. | @lafalange

Fran Serrato@FcoSerratofs@theobjective.com


La Ley de Memoria Democrática impone, pero no impide. A pesar de que la norma aprobada en octubre declaró ilegal el franquismo y estableció que los actos de exaltación podrían ser sancionados con multas de hasta 150.000 euros, los falangistas siguen reivindicando su «glorioso» pasado. La última vez, este sábado en Valladolid. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado al Gobierno que investigue y castigue lo sucedido. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ya incoó un expediente sancionador por un episodio similar el 20-N, pero aún no ha resuelto el procedimiento.

La ceremonia se celebró en la Plaza de Portugalete, en el centro de la ciudad, aunque apenas congregó a un centenar de personas. La intención era conmemorar el 89 aniversario de la fusión entre Falange Española y las Jons. Los viandantes se encontraron de frente con los asistentes mientras entonaban el «Cara al sol» con los brazos en alto a plena luz del día. Como si viviéramos en pleno franquismo.

El exfutbolista Borja Fernández dio la voz de alarma en redes sociales con un vídeo que cuenta con miles de reproducciones. «Hoy es 4 de marzo de 2023 y esto ha pasado en España», subrayó en un tuit que ha generado una avalancha de respuestas. Entre ellas, la del alcalde de la ciudad, el socialista Óscar Puente, que interactuó para asegurar que «desde el Ayuntamiento informamos en contra de este tipo de concentraciones. Da igual. No sirve de nada». No es la primera vez que sucede. En abril de 2021 tuvo lugar otra concentración falangista en Valladolid.
Exaltar al franquismo

La ARMH registró el domingo ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática una reclamación para pedir que este organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática actúe este tipo de actos «contrarios a la memoria democrática». La asociación que preside Emilio Silva solicita que se investigue el caso determine las sanciones correspondientes, que pueden llegar hasta los 150.000 euros.

La reciente Ley de Memoria Democrática establece en su artículo 38 que son actos contrarios aquellos que «entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares y supongan exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial». Sin embargo, la norma no prohíbe el uso de símbolos vinculados al franquismo, salvo que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas.


Los falangistas instaron a sus seguidores que pensaban ir al acto de Valladolid a que no portaran «banderas ni pancartas», ya que «solo se permitirán las que reparta la organización». De esa manera pretendían burlar la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe los actos de exaltación del franquismo y todo aquello que esté relacionado con el régimen. Falange Española y las Jons conformó un pilar fundamental de la dictadura durante su primera etapa.

Silva se muestra pesimista en cuanto a la reclamación que ha efectuado su organización. Recuerda que ya se han producido otros actos de exaltación del franquismo y que, hasta la fecha, ninguno ha sido castigado. Tras los actos celebrados el año pasado en Madrid para conmemorar el 20-N, fecha en la que murió el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, el Gobierno incoó un expediente. El evento contó con la autorización de la Delegación del Gobierno.
Derecho a manifestarse

Una portavoz gubernamental explica a THE OBJECTIVE que se nombró una instructora y que está en proceso de resolverse. Asegura que cuando llegue la información pertinente respecto al acto celebrado en Valladolid, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática incoará un nuevo expediente. Sobre la reclamación del alcalde de la ciudad, manifiesta que el derecho de manifestación está establecido por la Constitución, aunque «otra cosa es que en el transcurso de esta se produzcan actuaciones contrarias a la memoria democrática».

La Falange, liderada por Manuel Andrino, y Falange Española de las Jons, dirigida por Norberto Pico, otrora adversarias y ahora aliadas, negaron hace días que en los actos conmemorativos del último 20-N se vulnerase la memoria de las víctimas. La Secretaría de Estado también incoó un expediente por el mitin que celebró el Movimiento Católico Español en la Plaza de Oriente. Su líder, José Luis Corral, ya anunció que llevaría el asunto hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso de ser sancionados.

El Gobierno no ve motivos para prohibir misas en honor a Franco por ser «un acto religioso»
Fran Serrato

El organismo dependiente del Gobierno también estudió sanciones por enaltecimiento del franquismo por las manifestaciones celebradas en La Rioja y Alicante durante el pasado 20-N, con la ley ya en vigor. «Me parece que falta voluntad política. No es aceptable el doble rasero. No se puede poner todos los límites en un caso y ninguna para otros», se queja Silva. En su opinión, esos manifestantes «exaltan la dictadura» y lamenta que la nueva ley siga sin resolver los problemas de las víctimas del franquismo.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática también ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Madrid toda la información disponible sobre el homenaje a la División Azul que tuvo lugar a principios de febrero por las calles de la capital y el Cementerio de La Almudena, por si pudiera conllevar alguna sanción. La División Azul fue un grupo de voluntarios españoles que luchó en el frente soviético encuadrado en el Ejército de la Alemania nazi.