por Redacción
20 septiembre, 2019
en Cloacas del Estado
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Izquierda Unida ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a opinar sobre el hecho de que el Tribunal Supremo haya reconocido a Francisco Franco como Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936. El alto tribunal definió así al dictador en el auto que dictó el pasado mes de junio y que paralizó la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos.
Hay que recordar que Franco no puede ser considerado jefe del Estado español en esa fecha porque fue Azaña quien ostentó ese cargo de forma legítima casi hasta el final de la contienda, defienden historiadores, juristas y expertos en Relaciones Internacionales.
La diputada de IU Eva García Sempere registró una pregunta en el Congreso para forzar al Gobierno a pronunciarse sobre este particular y, según relata, tuvo que reformular su redacción original para que la iniciativa pudiera pasar el ‘filtro’ de la Mesa del Cámara.
«¿Comparte el Gobierno un pronunciamiento de este tipo sobre quién ostentaba la jefatura del Estado en esa fecha?», «¿Cuáles son los motivos, según el Gobierno, que pueden llevar a cometer un error tan lamentable e impresentable?» y «¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para aclarar errores de este calado y para que se evalúe con absoluto rigor el golpe de 1936 y la figura del dictador?», rezaban las preguntas registradas por la diputada andaluza.
«El Gobierno no valora ningún pronunciamiento judicial en aras del respeto a la separación de poderes», se ha limitado a contestar el Ejecutivo, tres meses después de que la diputada lograra que la Mesa del Congreso diera cauce a su iniciativa.
Desde IU se quejan de que el Ejecutivo no conteste a su parlamentaria cuando varios miembros del Gabinete sí opinaron públicamente sobre la misma cuestión tras conocerse el auto del Supremo.
El historiador hispanista Ian Gibson, sostiene que Azaña era el único jefe del Estado y ve «bochornoso» y «aberrante» que, «a estas alturas», un auto del Tribunal Supremo atribuya ese título a Franco, cuando su poder era «ilegítimo» y otorgado por un grupo de militares «criminales que se levantaron contra la democracia».
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