PROPUESTA AL GOBIERNO
Un sindicato de la Policía pide declarar a Catalunya "zona conflictiva", igual que el País Vasco
Apunta a "un escenario objetivo de señalamiento y persecución" de los agentes, y pone como ejemplo las denuncias por las cargas del 1 de octubre del 2017
"No es necesaria la actuación directa y violenta de una banda terrorista; basta con la situación social de presión", indica la Confederación Española de Policía
Luis Rendueles
Madrid - Viernes, 28/06/2019 - 10:01
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Disturbios durante el referéndum del 1 de octubre en el exterior del centro de votación de la Escola Industrial en Barcelona. / FERRAN SENDRA
Los policías destinados en Catalunya "sufren un hostigamiento y criminalización" en un "entorno objetivo de agresividad y estigmatización". Lo afirma la Confederación Española de Policía (CEP), uno de los sindicatos que ha obtenido representación en el Consejo de la Policía Nacional. El pasado 17 de junio, su presidente, Víctor Vigil, envió una propuesta a la Dirección General de la Policía para que se declare Catalunya "zona conflictiva", al igual que lo han sido Euskadi y Navarra.
El escrito recuerda y compara esos dos precedentes y concluye que "no es necesario que exista, como en otras etapas, la actuación directa y violenta de una banda terrorista, sino que, como ocurre ahora, es determinante la existencia de una situación social de presión" contra los policías nacionales y sus familias. La propuesta del sindicato CEP recoge textualmente que existe "un escenario objetivo de señalamiento y persecución" contra los policías que les obliga a "mantener máxima reserva en la vida de los agentes y sus familias".
Como ejemplo de esa "campaña de persecución social", el sindicato policial cita expresamente "las decenas de denuncias interpuestas en los juzgados contra los compañeros que el 1 de octubre del 2017 intervinieron para impedir, cumpliendo órdenes judiciales, un referéndum ilegal".
La decisión última sobre esa medida corresponderá al Ministerio del Interior. En noviembre del 2018, una asociación de guardias civiles pidió al Gobierno que declarara a Catalunya "zona conflictiva". La propuesta fue rechazada. Declarar Catalunya zona policialmente conflictiva implicaría que los agentes de la Policía Nacional destinados allí recibirían, como los destinados en el País Vasco y Navarra, un plus en sus sueldos y en sus condiciones laborales (más días de permisos y vacaciones), entre otras mejoras sociales.
Faltan agentes
Se trataría de frenar así las bajas de policías en Catalunya, una situación acentuada en los últimos años. "Hay una plantilla cifrada de 3.800 policías nacionales para toda Catalunya y cuando vengan los nuevos, seremos 3.400", afirma uno de los agentes. El presidente del CEP lo resume así: "Nadie quiere ir destinado a Catalunya. Los agentes que acaban allí, en cuanto pueden, se van. Un policía nacional no supera el año destinado allí si puede evitarlo". El próximo mes de septiembre llegarán 500 nuevos agentes, casi todos sin haber podido elegir, tras salir en las últimas plazas de la convocatoria.
Otro agente, con muchos años en Catalunya, explica las consecuencias de lo que llama "desarraigo" de la Policía en la comunidad autónoma. "No queda casi nadie de entre 30 y 60 años. Solo vienen los más jóvenes, que no pueden elegir, o los que ya van a terminar -afirma-. Luego no tenemos información buena de la calle y nos sucede como en la operación Copérnico, que los independentistas nos pasaban por encima".
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Disturbios durante el referéndum del 1 de octubre en el exterior del centro de votación de la Escola Industrial en Barcelona. / FERRAN SENDRA
Los policías destinados en Catalunya "sufren un hostigamiento y criminalización" en un "entorno objetivo de agresividad y estigmatización". Lo afirma la Confederación Española de Policía (CEP), uno de los sindicatos que ha obtenido representación en el Consejo de la Policía Nacional. El pasado 17 de junio, su presidente, Víctor Vigil, envió una propuesta a la Dirección General de la Policía para que se declare Catalunya "zona conflictiva", al igual que lo han sido Euskadi y Navarra.
El escrito recuerda y compara esos dos precedentes y concluye que "no es necesario que exista, como en otras etapas, la actuación directa y violenta de una banda terrorista, sino que, como ocurre ahora, es determinante la existencia de una situación social de presión" contra los policías nacionales y sus familias. La propuesta del sindicato CEP recoge textualmente que existe "un escenario objetivo de señalamiento y persecución" contra los policías que les obliga a "mantener máxima reserva en la vida de los agentes y sus familias".
Como ejemplo de esa "campaña de persecución social", el sindicato policial cita expresamente "las decenas de denuncias interpuestas en los juzgados contra los compañeros que el 1 de octubre del 2017 intervinieron para impedir, cumpliendo órdenes judiciales, un referéndum ilegal".
La decisión última sobre esa medida corresponderá al Ministerio del Interior. En noviembre del 2018, una asociación de guardias civiles pidió al Gobierno que declarara a Catalunya "zona conflictiva". La propuesta fue rechazada. Declarar Catalunya zona policialmente conflictiva implicaría que los agentes de la Policía Nacional destinados allí recibirían, como los destinados en el País Vasco y Navarra, un plus en sus sueldos y en sus condiciones laborales (más días de permisos y vacaciones), entre otras mejoras sociales.
Faltan agentes
Se trataría de frenar así las bajas de policías en Catalunya, una situación acentuada en los últimos años. "Hay una plantilla cifrada de 3.800 policías nacionales para toda Catalunya y cuando vengan los nuevos, seremos 3.400", afirma uno de los agentes. El presidente del CEP lo resume así: "Nadie quiere ir destinado a Catalunya. Los agentes que acaban allí, en cuanto pueden, se van. Un policía nacional no supera el año destinado allí si puede evitarlo". El próximo mes de septiembre llegarán 500 nuevos agentes, casi todos sin haber podido elegir, tras salir en las últimas plazas de la convocatoria.
Otro agente, con muchos años en Catalunya, explica las consecuencias de lo que llama "desarraigo" de la Policía en la comunidad autónoma. "No queda casi nadie de entre 30 y 60 años. Solo vienen los más jóvenes, que no pueden elegir, o los que ya van a terminar -afirma-. Luego no tenemos información buena de la calle y nos sucede como en la operación Copérnico, que los independentistas nos pasaban por encima".
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