La coalición de centro-derecha mantiene en el callejero al arzobispo de la guerra y la posguerra, al catedrático que dirigió la depuración fascista en las universidades y a varios alcaldes y concejales de la dictadura mientras le niega la presencia al primer Justicia de la etapa democrática y a varias científicas
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Miguel Allué, primer presidente de la Diputación de Zaragoza con los sublevados, en el centro de la imagen, con bigote.
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La coalición PP-Ciudadanos que gobierna el Ayuntamiento de Zaragoza bajo la supervisión de Vox ha paralizado el cambio de denominación de ocho calles de la ciudad dedicadas a cargos políticos, universitarios y religiosos vinculados al franquismo al mismo tiempo que negaba su inclusión en él de, entre otros, Emilio Gastón, el jurista y poeta con el que Aragón recuperó y democratizó en los años 80 la histórica institución del Justicia como defensor del pueblo, y varias destacadas científicas nacidas en la comunidad.
El gobierno municipal decidió en su reunión de este viernes “desistir y dar por finalizado el procedimiento” de cambio de denominación de las calles alegando que el acuerdo de aprobación provisional “no está suficientemente fundado” porque “el expediente carece de informes técnico-históricos sobre la idoneidad y oportunidad del cambio de nombre propuesto”.
El procedimiento había sido iniciado por el equipo de ZeC (Zaragoza en Común) el pasado mes de marzo, unas semanas después de que entrara en vigor la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que proscribe el ensalzamiento de Francisco Franco, la sublevación y la dictadura, y el de sus colaboradores y afines, y que contempla que los ayuntamientos que no limpien sus municipios de esos vestigios antes del próximo 22 de agosto dejen de recibir “subvenciones y ayudas públicas” de la comunidad.
El equipo de gobierno ha tomado esta medida a dos días de que el nuevo alcalde de Zaragoza, el conservador Jorge Azcón, se reúna con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, lo que añade otro vector de discrepancia a los que tradicionalmente han mantenido las dos instituciones por motivos económicos.
El grupo municipal de Podemos-Equo acusó al “gobierno de la derecha radical” de incumplir “las leyes y los propios acuerdos municipales” y de realizar “un incumplimiento legal manifiesto” de las leyes de memoria estatal y autonómica. “La deriva derechista del gobierno PP-Cs y Vox les lleva (…) a mostrar una actitud colaboracionista con uno de los regímenes políticos más oscuros y crueles que ha padecido el Estado español y en particular la ciudad de Zaragoza”, señalan en un comunicado.
Políticos, profesores, un arzobispo y un represor
Las denominaciones que PP y C’s han decidido mantener incluyen al primero de los alcaldes franquistas, Juan José Rivas Bosch, y al último de ellos, Mariano Horno, que ocupó el cargo de 1970 a 1976 antes de presentarse sin éxito como candidato al Congreso por Alianza Popular (AP) en 1977, así como al primer presidente de la Diputación de Zaragoza con los sublevados, el falangista Miguel Allué Salvador, que solo estuvo siete meses en el cargo desde mediados de agosto del 36.
El primero y el último accedieron a la alcaldía y a la presidencia de la Diputación, que llevaban aparejados los puestos de jefe local y provincial del movimiento, cuando los sublevados desataban en Zaragoza una atroz represión que se llevaría por delante a quince alcaldes y concejales republicanos y a treinta funcionarios ( ) municipales entre otras 3.544 víctimas.
También seguirán teniendo presencia en el callejero zaragozano el arzobispo Rigoberto Doménech, prelado entre 1924 y 1955 y al que un año antes de su muerte Franco condecoró con la Orden Imperial del Yugo y las Flechas, la principal distinción civil y militar “al mérito nacional” que concedía el franquismo, el jurista Rudesindo Nasarre y Gonzalo Calamita, el rector de la Universidad de Zaragoza cuando los militares fascistas se sublevaron, que el mismo 19 de julio la puso a disposición de estos y cuyo rectorado impulsó un mes después las normas de enseñanza que durante cuatro décadas se aplicarían en las escuelas de primaria.
La decisión mantiene igualmente en el nomenclátor a Miguel Merino Pinedo, concejal desde 1974 y último alcalde no elegido democráticamente de la ciudad entre 1976 y 1979.
Y tampoco perderá su calle Antonio de Gregorio Rocasolano, catedrático de Química y primer presidente de la Comisión para la Depuración del Personal Universitario, que tuvo su primera sede en la capital aragonesa y que dirigió la purga de docentes y empleados no afectos a la dictadura en todo el país.
Las científicas se quedan sin calle
La decisión del equipo de gobierno de PP y C’s deja sin calle, además de a Gastón, que fue en 1977 el primer diputado aragonesista en el Congreso por el PSA junto con Hipólito Gómez de las Roces, de la CAIC, a las científicas Vicenta Arnal y Ángela García de la Puerta, que fueron en 1929 y 1930 las dos primeras mujeres en obtener el grado de doctoras en Ciencias en España.
Martina Bescós, la primera cardióloga española; la bailarina Lola de Ávila, medalla de oro al mérito en las bellas artes desde 2011 y directora asociada del San Francisco Ballet School, la catedrática de Filosofía África Ibarra Oroz y Blanca Catalán, la primera botánica del país, tampoco entrarán en el callejero zaragozano, aunque “pasarán a formar parte del nomenclátor donde el grupo de trabajo designado para ello decidirá, en su caso, los futuros emplazamientos”, informó el ayuntamiento.
Cierra la lista Pilar Ponzán, una maestra republicana afiliada a FETE-UGT que, tras ser represaliada económicamente por el franquismo, se vio obligada a exiliarse a Francia con su hermano Francisco, que sería un destacado activista de la resistencia a los nazis.
ZARAGOZA
06/09/2019 16:19 Actualizado: 06/09/2019 16:19
EDUARDO BAYONA
06/09/2019 16:19 Actualizado: 06/09/2019 16:19
EDUARDO BAYONA
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