La organización estudia si se vulneran los derechos y “la libertad de expresión” de los presos
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, durante la sesión plenaria del pasado 11 de abril (Candice Imbert /Council of Europe)ÀLEX TORT, BARCELONA17/04/2019 06:00Actualizado a17/04/2019 13:02
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa elaborará uninforme mediante el cual va a estudiar si se están vulnerando la libertad de expresión de los políticos encarcelados en España y Turquía. La iniciativa parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, que constata en una moción su “preocupación por el creciente número de políticos nacionales, regionales y locales procesados por declaraciones efectuadas en el ejercicio de su mandato, en particular en España y Turquía”. Pese a que en el texto no se menciona en ningún momento el conflicto catalán, dicha preocupación apunta en el caso español a la situación de los procesados por el Tribunal Supremo por el 1-O. El informe basará en parte sus conclusiones en dos resoluciones aprobadas anteriormente por la misma Asamblea: “Definición de preso político” (2012) y “Mantener separada la responsabilidad política y penal” (2013).
Bajo el título “¿Deberían los políticos ser procesados por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?, la moción apela a la Comisión de Venecia, que estipula que el objetivo principal de la inmunidad parlamentaria es la protección fundamental de las instituciones parlamentarias y la garantía, “igualmente fundamental, de la independencia de los representantes elegidos para que puedan ejercer sus funciones democráticas de manera efectiva sin temor a la injerencia del poder ejecutivo o judicial”. Los firmantes recogen también que la Comisión de Venecia hizo hincapié en que “la libertad de expresión de los miembros del Parlamento es una parte esencial de la democracia”. “Su libertad de expresión debe ser amplia y debe protegerse también cuando hablan fuera del Parlamento. Esto se aplica también, y especialmente, a los parlamentarios que pertenecen a la oposición y cuyas ideas difieren mucho de las de la mayoría”, afirma.
El texto apela a la Comisión de Venecia, que pide garantizar “la independencia de los representantes elegidos para que puedan ejercer sus funciones democráticas de manera efectiva sin temor a la injerencia del poder ejecutivo o judicial”
Por todo ello, los 24 miembros de la Asamblea que han firmado la moción abogan por examinar, “desde una perspectiva legal y de derechos humanos, la situación de los políticos encarcelados” en España y Turquía “por ejercer su libertad de expresión, a la luz de los principios defendidos por el Consejo de Europa y, en particular, del Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
La iniciativa está firmada por 24 miembros de cinco de los seis grupos que conforman actualmente la Cámara: 16 diputados del Grupo de los Socialistas, Demócratas y los Verdes, 4 del Partido Popular Europeo, 2 de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), 1 de la Izquierda Europea Unificada y 1 de los Conservadores Europeos. El pasado 8 de abril, la Asamblea designó al letón Boriss Cilevičs como ponente. Con su designación, los trabajos para realizar el informe se ponen en marcha, pero puede tardar meses en cerrarse. Sólo una vez se presente, el informe se debatirá, deberá dilucidarse si se vulneran los derechos a los políticos encarcelados y se votará el documento en el pleno de la Asamblea.
El informe se apoyará en las resoluciones “Definición de preso político” (2012) y “Mantener separada la responsabilidad política y penal” (2013)
La Asamblea Parlamentaria, formada por 324 parlamentarios de los 47 Estados miembros, tiene como objetivo principal velar por la protección de los derechos humanos –en particular los civiles y políticos– y tiene atribuidas las funciones de elección del secretario general del Consejo de Europa, al comisario de Derechos Humanos y a los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Además, lleva a cabo misiones de observación de elecciones, por lo que los trabajos que efectúe Cilevičs también podrían recoger la situación de los presos independentistas catalanes que concurren en las elecciones generales, europeas y municipales: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva.
En la moción se menciona expresamente la resolución intitulada “Definición de preso político”, que aprobó la Asamblea en el año 2012. Dicha resolución afirma que sólo puede ser considerado un preso político en cinco casos: si la detención se ha realizado violando alguna de las garantías fundamentales establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o cualquiera de sus protocolos, en particular, libertad de pensamiento, conciencia, religión, libertad de expresión o información, libertad de reunión o asociación; también si la detención ha sido efectuada por razones puramente políticas sin conexión con ningún delito. Igualmente considera preso político aquel que, por motivos políticos, la duración de su detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas con respecto al delito del que se ha declarado culpable o se sospecha que cometió. Los dos últimos casos remiten a si por motivos políticos, la persona ha sido detenidad de manera discriminatoria en comparación con otras personas, y si la detención es el resultado de procedimientos claramente injustos y esto parece estar relacionado con motivos políticos de las autoridades.
La moción la firman 24 parlamentarios de cinco de los seis grupos que conforman la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
También es relevante la resolución de 2013 “Mantener separada la responsabilidad política y penal”, a la que apela la moción. La resolución aprobada hace seis años dice en su punto número uno: “La Asamblea Parlamentaria considera que la democracia y el Estado de derecho requieren que los políticos estén protegidos de manera efectiva contra los procesos penales basados en sus decisiones políticas”, pero advierte a la vez que “los políticos deben rendir cuentas por los actos criminales u omisiones que cometan, tanto a título personal como en el ejercicio de su cargo público”. El texto avisa de que “los procedimientos penales no deben utilizarse para penalizar errores políticos o desacuerdos” y, entre otros, insta a “las mayorías gubernamentales en los Estados miembros a que se abstengan de abusar del sistema de justicia penal para perseguir a los opositores políticos”.
La propuesta de la Asamblea está al margen de las declaraciones del secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, que en rueda de prensa en septiembre del 2018 junto al ministro de Exteriores, Josep Borrell, aseguró que el organismo “apoya plenamente el enfoque del Gobierno español por lo que se refiere a la cuestión catalana” y que no tenía “ninguna duda de que los tribunales españoles están tratando este asunto (el de Catalunya) de acuerdo a la ley española y al Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
El secretario general del Consejo de Europa aseguró en septiembre que no tiene ninguna duda de la imparcialidad de los tribunales españoles; ahora, la comisaria de Derechos Humanos admite que están monitorizando la situación y “sigue de cerca” el juicio del 1-O
No obstante, y en contraste, hace unos días la comisaria europea por los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, admitió en sesión plenaria que sigue personalmente “muy de cerca” el juicio a los procesado por el 1-O y que su equipo está “cuidadosamente monitorizando la situación de los derechos humanos en España” en general desde que empezó la crisis en Catalunya. Además, confirmó que visitará España, pese a que no pudo especificar las fechas. En este sentido, este diario se ha puesto en contacto con Boriss Cilevičs. El ponente del informe asegura que no puede adelantar nada, pues se encuentra todavía en la fase inicial de su investigación. Fuentes del Consejo de Europa afirman, sin embargo, que la investigación llevará a Cilevičs a viajar también a España.
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