Wednesday, 30 November 2022

Geraldine Chaplin cuenta el rodaje de la escena en la que suena La Internacional, en plena dictadura fascista, los extras comenzaron a cantarla

 










 



 

Wednesday, 16 November 2022

Spanish Civil War Memory Project

 

Author: Alcoberro, Agustí

Title: Testimony of Agustí Alcoberro. Interview with Andrea Davis and Elize Mazadiego; July 20, 2010.

Published: Barcelona, Spain, Spanish Civil War Memory Project, 2010.

Description: 2 tapes

Notes: Agustí Alcoberro's testimony is in Spanish without subtitles. The testimony was recorded in the Museu d'História de Catalunya in Barcelona, Spain.

Summary: Agustí Alcoberro was born in 1958 in a small town outside of Barcelona. Agustí tells that his family later moved to Clot, a working-class neighborhood of Barcelona. He recounts his educational experiences and early political formation at the age of fifteen. Agustí details his political activism in the Joventuts Revolucionàries Catalanes (Catalan Revolutionary Youth, JRC) and explains how he was influenced by Marxist revolutionaries, pro-Independence activists in Spain, and political groups in Latin America. He relates his participation in the Assemblea de Catalunya (Assembly of Catalonia). In 1975, Agustí, his brother, and other members of the JRC were arrested and jailed under an anti-terrorist law. He describes his experiences at the police station on Via Laietana and his two-month imprisonment in the Modelo Prison in Barcelona. Agustí recalls Franco's death, which occurred while he was incarcerated. Upon being released, he resumed his political militancy in the JRC. Agustí narrates his involvement in the creation of Independentistes dels Països Catalans (Independence Supporters of the Catalan Countries). He comments on the transition from the Francoist regime to democracy and its relationship to Catalonia. Agustí discusses his work as a historian and director of the Museu d'História de Catalunya (Museum of the History of Catalonia).

Cite as: Alcoberro, Agustí. Testimony of the Spanish Civil War and the Francoist Dictatorship. University of California, San Diego, 2010. 


https://library.ucsd.edu/speccoll/scwmemory/about-eng.html

Policías nacionales alertaron a yihadistas en 2015 de que los Mossos los investigaban


La “Operación Caronte” contra una célula terrorista yihadista que preparaba atentados en Catalunya, desarticulada por la policía catalana hace dos años, puso de manifiesto la hostilidad del Gobierno de Rajoy y de Interior, dirigido por el ministro Jorge Fernández Díaz, contra la Generalitat, que se extendió incluso a la lucha antiterrorista de los Mossos d'Esquadra.




El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con agentes de la Policía Nacional/EFE



BARCELONA23/08/2017 22:42 ACTUALIZADO: 24/08/2017 12:58

JOAN CANTARERO @JoanCantarero


La “Operación Caronte”, iniciada por los Mossos d’Esquadra en 2014 contra una célula terrorista yihadista en Catalunya, preparada para matar y que con no pocas trabas pudo ser desarticulada en 2015 por la policía catalana, evidenció la hostilidad del Gobierno de Rajoy y del Ministerio del Interior, dirigido en aquel entonces por Jorge Fernández Díaz, contra el Govern de la Generalitat y sus servicios policiales autonómicos.


Esa organización criminal acabó desarticulada y se practicó la detención de los 10 integrantes de su célula terrorista, además de un cómplice muy especial: un militante neonazi, amigo del líder yihadista, que le había pedido colaboración para acceder a armas y explosivos con la finalidad de atentar contra intereses judíos en Barcelona.


Finalmente, a pesar de los informes policiales la Audiencia Nacional acordó no imputar en la causa a ese excandidato ultraderechista del MSR y miembro de SOM. La razón de su exoneración se debió a que, según el auto del instructor, el neonazi finalmente “no colaboró con los terroristas”. No obstante, no le será devuelto el arsenal y munición de guerra ocupado en su vivienda. El resto de la banda aguarda en prisión la celebración del juicio.



Fragmento de la denuncia de los Mossos d'Esquadra contra la Policía Nacional.

Al bloqueo desde el Ministerio del Interior español impidiendo que los Mossos tengan acceso a las redes convencionales de información policial antiterrorista internacional, hubo que añadirle “la intromisión de agentes de la Policía Nacional en un caso abierto, con la única misión de boicotear la investigación antiterrorista que estaban llevando a cabo unidades de información de los Mossos d’Esquadra, que contaban con agente e informadores infiltrados”, según la denuncia de la policía autonómica catalana.

Los agentes de la Policía Nacional “alertaron a los presuntos terroristas yihadistas de que estaban siendo investigados por la policía catalana”. Pocos días después los Mossos denunciaron los hechos ante la Audiencia Nacional y la Fiscalía. A raíz de esa denuncia estalló una tormenta política entre la Generalitat y el Gobierno central, con duros cruces de acusaciones que fueron ampliamente reflejadas en la prensa de la época.
Los Mossos d'Esquadra, marginados por Rajoy

El Ministerio del Interior se ha negado reiteradamente a atender las solicitudes del Govern de la Generalitat para incluir a los Mossos d’Esquadra en las principales redes de información policial internacional de lucha antiterrorista, tanto Interpol, como Europol, SIENA o SIRENE, así como el español CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

Distintas fuentes sitúan el conflicto surgido durante la investigación de la “Operación Caronte” como un punto crítico en las hostilidades entre el Gobierno del PP y el Govern de Catalunya en materia policial. “Si el Partido Popular tuviera en sus manos la posibilidad de revertir la hegemonía de los Mossos d’Esquadra en el territorio de Catalunya ya lo habría hecho, dejando a la policía autonómica como un ente folclórico para ser lucido en fiestas de guardar”, señalan a coro sindicalistas de la policía autonómica, consultados por Público.

En este sentido, los agentes recuerdan la hostilidad hacia el Govern de Catalunya manifestada reiteradamente por el exministro del Interior Fernández Diaz, quien a mediados del 2015 salía al paso para negar los chivatazos de policías nacionales a presuntos terroristas. Su respuesta oficial transmitía implícitamente su clara desconfianza hacia a la policía de la Generalitat, a pesar de ser un cuerpo policial del Estado español: "La lucha y la política antiterrorista debe ser de Estado, y no se puede dejar en manos de los que no tiene el más mínimo sentido de Estado", dijo el ministro el 14 de mayo de 2015, tras una reunión con sus homólogos de los países del Sahel.

Pronto llegó la oportuna respuesta del entonces conseller de Interior, Ramón Espadaler: “Al ministro [Jorge Fernández Díaz] le sienta fatal que los Mossos sean eficientes en la lucha antiterrorista. Yo, en cambio, me alegro de que los cuerpos de seguridad del Estado sean eficientes en la misma lucha”. Pero añadió que el caso del chivatazo “no es una lucha entre la Policía Nacional y los Mossos, no es una pelea, sino una actuación presuntamente delictiva de miembros de la Policía Nacional”.
El chivatazo policial a los yihadistas

Los hechos denunciados por los Mossos al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, junto a un informe de fecha 24 de noviembre de 2014, donde se considera la actuación de los policías nacionales compatible con un presunto delito de “revelación de secretos” cometidos por funcionarios públicos.



Símbolos de la Fraternidad Yihadista contenidos en la denuncia de los Mossos.

Según la denuncia, cuatro agentes de la Policía Nacional, entre ellos un inspector y un inspector jefe, alertaron en noviembre de 2014 a los miembros de la célula yihadista “Fraternidad Islámica-Grupo para la predicación del Yihad”, integrado en el movimiento Yihadista Global y afín ideológicamente al Estado Islámico (DAESH), que estaban siendo investigados por los Mossos d’Esquadra.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía –entonces bajo el control de Ignacio Cosidó– tenía información de que los Mossos investigaban a un grupo emergente yihadista, que se estaba radicalizando y que operaba en el entorno de Terrassa.

Todo apunta a que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía decidieron por razones desconocidas intervenir por su cuenta en la investigación, sin informar a la policía catalana habilitada en este caso por la Audiencia Nacional, y contactar directamente con los integrantes de esta célula terrorista en construcción.

Para ello los agentes de la Policía Nacional se pusieron en contacto con un informador habitual de Mataró, “al que facilitaron tres fotografías de los individuos que eran de su interés, con la finalidad de que el confidente alertara a los yihadistas que estaban siendo vigilados por la policía autonómica”.

El confidente habitual de la Policía Nacional no conocía a los reseñados de Terrasa y cómo localizarlos, pero sí sabía de alguien que le podría ayudar en el encargo. Se trataba de otro español, hijo y nieto de policías, también cristiano converso al islam como el confidente, que sí los conocía.

Así, el día 7 de noviembre de 2014 ambos se presentaron en una tienda situada en el número 196 de la calle Sant Damià, de Terrassa, donde trabaja en aquellas fechas uno de los yihadistas integrantes de la célula terrorista.

En ese momento había varios miembros más del grupo reunidos en el local, y entre ellos el agente de los Mossos infiltrado en el grupo, cuyo papel como agente encubierto fue autorizado por la Fiscalía y la Audiencia Nacional el 20 de octubre de 2014.



Portada de la Parte I del informe de los Mossos a la Audiencia.

Ambos informadores de la policía nacional, siguiendo instrucciones de éstos, entraron y se dirigiéndose al grupo, se presentaron y comenzaron advirtiéndoles que sabían lo que estaban haciendo y “que no siguieran por el camino del Yihad, que no era el camino correcto”. Además, informaron a los miembros de la célula yihadista “que un jefe de policía [nacional] les había dicho que los Mossos estaban investigando a todos los presentes, y que en unas tres semanas los iban a detener a todos. También les explicó que este policía les enseñó diversas fotografías de los investigados, hechas supuestamente en el curso de vigilancias policiales, para corroborar esta información”, según señala el informe de los Mossos.

Tras aquella reunión de “revelación de secretos a investigados por terrorismo” ambos colaboradores de la Policía Nacional pasaron a convertirse también en objetivo de los Mossos d’Esquadra.Los servicios secretos españoles acabaron trabajando con los Mossos investigando a inspectores de la Policía Nacional

Así el 17 de noviembre de 2014, diez días después, los Mossos detectaron a uno de ellos reunido en un bar con otras dos personas desconocidas, que serían identificadas más tarde como un inspector y un inspector jefe de la Brigada Provincial de Información de Barcelona del Cuerpo Nacional de Policía, según recoge el informe de investigación. Este encuentro fue grabado en vídeo por la policía catalana en colaboración con agentes del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Esto es, agentes de la policía catalana, trabajando junto a los servicios secretos españoles investigando a inspectores de la Policía Nacional.

Tras la denuncia y la citación de los inspectores ante el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, este finalmente acordó el archivo de la causa al considerar que no había delito.

No obstante, la Generalitat denunció los hechos ante la Fiscalía, aportando los testimonios de los mismos informadores de la Policía Nacional, quienes denunciaron ante la Audiencia haber recibido presiones de estos mismos policías. Uno de ellos fue entrevistado por dos periodistas de El Periódico de Catalunya. que recogieron su testimonio en vídeo manteniendo oculta su identidad.
Crisis en la lucha antiterrorista

Sin duda, más allá del alcance de las consecuencias y actuaciones legales al respecto, este hecho pone de manifiesto un claro conflicto en el seno del Gobierno español a la hora de gestionar la lucha antiterrorista, la relación del Estado con los cuerpos de seguridad autonómicos y los accesos a la información sensible.

Mientras, el exministro Fernández Díaz impedía a los Mossos acceder a los servicios internacionales de inteligencia y de lucha antiterrorista e información policial, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de quien directamente dependía el CNI, no se opuso a la colaboración de los servicios de inteligencia con los Mossos d’Esquadra, incluso para investigar a la Policía Nacional.

Ahora, el CNI vuelve a estar bajo el control del Ministerio de Defensa, con la ministra Cospedal, y el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha mantenido el veto a que los Mossos d’Esquadra se integrasen en los servicios de información policial internacional hasta que, a raíz del atentado de Barcelona, prometió que les abriría el acceso a Europol a partir de septiembre.

Sunday, 13 November 2022

Franco fusiló a unas 40.000 personas en periodo de paz y firmó más de 10 condenas a muerte al día durante los 10 primeros años


Álvarez Junco cree que el Estado debe apoyar más localizar los restos de los desaparecidos, pero las familias deben decidir el traslado o no



El dictador Francisco Franco en una imagen de archivo. Fuente: EP.


En su nuevo libro, 'Qué hacer con un pasado sucio', el historiador José Álvarez Junco reflexiona sobre la dimensión y las repercusiones en las sociedades con pasados traumáticos tales como las guerras civiles, los genocidios o las dictaduras. También profundiza en la manera de que este pasado y sus consecuencias son susceptibles de ser manipulado o utilizado políticamente para objetivos actuales. Aunque su foco es la guerra civil española y el primer franquismo, los compara con la Alemania nazi, el Chile de Pinochet, la Colombia de guerrilleros y paramilitares o la Sudáfrica del apartheid, entre otros ejemplos.

Setenta y nueve años y leridano de Vielha, Álvarez Junco es catedrático de Historia del Pensamiento y los Movimientos Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Anteriormente fue profesor o investigador visitante en diversas universidades extranjeras como las de Padua, Oxford, la Soborna y Harvard. También entre 2004 y 2008 ejerció como Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y Consejero de Estado. Ha publicado importantes obras como La ideología política del anarquismo español (1868-1910) (1976) o Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX (Premio Nacional de Ensayo 2002; Premio Fastenrath, de la RAE, 2003).

En 'Qué hacer con un pasado sucio' (Editorial Galaxia Gutemberg) Álvarez Junco analiza la historia de nuestro país desde el periodo de principios del siglo XX hasta la actualidad. Una larga etapa que ha dejado en la sociedad española una herencia de fracturas y heridas que se reproducen actualmente.



En el capítulo cuarto del libro, “El trauma”, el investigador afirma que “ni siquiera los mejores informados sobre la situación política española fueron capaces de predecir, a comienzos de julio del 36, la pavorosa Guerra Civil que estaba a punto de iniciarse, aunque no era un secreto que núcleos monárquicos conspiraban, apoyados por Mussolini y que habían captado a varios generales”. Entre ellos nombra a Sanjurjo, Mola y Franco.

Sobre la represión que aplicó el dictador una vez que accedió a la Jefatura del Estado, Álvarez Junco, entrevistado por 'El País', calcula que “Franco fusiló a unas 40.000 personas en periodo de paz”. “Esto significa 4.000 personas durante 10 años y significa más de 10 al día. Firmó más de 10 condenas a muerte al día durante los 10 primeros años de su dictadura. Dejo aparte la guerra. Eso forma parte del trauma, del pasado sucio”, subraya.

¿Qué queda por hacer?

En el capítulo 11, el historiador expresa sus críticas a asignaturas pendientes de la democracia española en materia de memoria. Mantiene que se debería de avanzar más en la búsqueda y exhumación de los fusilados o desaparecidos durante la guerra y la dictadura, algo que considera como una “exigencia elemental”. Recuerda como en el informe de la ONU en 2014 se censuraba el retraso que España tenía en este apartado. Cree que el Estado debe de impulsar y apoyar más la localización e identificación de los restos pero deja a criterio de las familias la decisión del traslado o permanencia en el lugar. También echa de menos que no exista un censo bien elaborado del número de desaparecidos y recuerda como entre los propios memorialistas, jueces e historiadores no se ponen de acuerdo. En el número exacto que oscila entre los 143.350 de censo de Baltasar Garzón elaborado cuando era magistrado de la Audiencia Nacional hasta los 40.000 del doctor de Medicina Legal, José Antonio Lorente. También es muy crítico con la paralización por parte de los gobiernos del PP de la aplicación de la ley 52/207 sobre la elaboración de un mapa de fosas comunes. Además, critica que dichos gobiernos populares suprimieran las partidas necesarias para este cometido. Especialmente crítico es con el actual Ejecutivo autónomo de Andalucía, reacio a excavaciones de fosas y que ha permitido con esa actitud que se hayan producido actos vandálicos.

A pesar de todo Álvarez Junco ofrece un balance optimista de la última etapa en España. Entrevistado el pasado día 6 de mayo por Juan Cruz en el periódico argentino Clarín y ante la pregunta de si habláramos de buena o mala suerte, ¿qué suerte ha tenido este país? el profesor Álvarez Junco contesta que en general, este país ha tenido mala suerte. “El acceso a la modernidad ha sido difícil. Primero, nos tocó el imperio de los Habsburgo, luego los Borbones… Luego llegó la modernidad en el siglo XIX y ese fue un periodo dificilísimo. Eso derivó en guerras civiles, las carlistas, y más tarde, ya en el siglo XX, la de 1936-1939. Se impuso la dictadura y, después de la muerte de Franco, parece que lo supimos hacer. Ahí la suerte cambió. Entre 1976 y 1982 se hace la Transición y luego se accede a la modernidad económica. Y hoy vivimos mejor que hace cuarenta años, sin duda”.

El libro se desarrolla en tres niveles: la construcción de la imagen colectiva, la narración histórica y el rastreo de lo que queda de aquel trauma. Desde la primera perspectiva, recuerda cuál era la complaciente y autocompasiva imagen que los españoles se habían construido sobre sí mismos en las décadas o siglos anteriores y cómo integraron en ella aquellos brutales hechos, sobre todo en las interpretaciones elaboradas por sus intelectuales de mayor prestigio. Desde la segunda, narra lo que pasó en España, el origen de la crisis política de los años treinta, el desarrollo de los acontecimientos durante la misma, la dura represión de los años cuarenta, la evolución posterior de la dictadura y su superación durante la Transición. El tercer aspecto versa sobre qué hacer tras aquel trauma, qué políticas se han tomado en relación con las víctimas, y cuáles se podrían implantar para superarlo de una vez, si tal cosa es posible.

'Qué hacer con un pasado sucio', un libro muy interesante sin duda, que aporta ideas y datos sobre serias cuestiones, da opiniones solventes y abre capítulos para la reflexión y debate sobre cuestiones relevantes y asignaturas aún pendientes en nuestro país.


JUAN LUIS VALENZUELA Domingo, 22 de mayo de 2022

https://www.elplural.com/sociedad/franco-fusilo-40000-personas-periodo-paz-10-condenas-muerte-dia_290187102